El Gobierno decidió acelerar una operación de fondo sobre la justicia federal. Juan Bautista Mahiques prepara una nueva tanda de pliegos para el Senado con el objetivo de cubrir vacantes en jueces y fiscales federales, incluidos cargos muy sensibles en los tribunales orales de Comodoro Py 2002 y en la Cámara Federal porteña.
La movida llega después de las tandas de pliegos enviadas en marzo y abril y busca aprovechar un dato estructural: las vacantes en la justicia nacional y federal superan un tercio del total y, según el propio oficialismo, eso dejó al sistema al borde de la parálisis.
La parte más política del plan pasa por Comodoro Py. Ahí el Gobierno apunta a completar tribunales orales federales clave, entre ellos el Tribunal Oral Federal 5, donde tramita Hotesur-Los Sauces, y también a reconfigurar la Cámara Federal. En ese esquema aparece una decisión significativa: no impulsar la continuidad de Martín Irurzun, que cumple 75 años en julio y necesita un nuevo acuerdo del Senado para seguir.
Al mismo tiempo, el oficialismo busca resolver las situaciones de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos lugares quedaron atravesados por fallos de la Corte y por concursos abiertos. La operación tiene alcance institucional, pero también un contenido político evidente: modificar el equilibrio del fuero que concentra las causas de corrupción más pesadas del país.

Mahiques ordenó esta ofensiva con una lógica muy clásica: cubrir vacantes, negociar con gobernadores y mandar al Senado nombres que tengan alguna posibilidad de acuerdo. En la tanda previa ya hubo postulaciones para cámaras federales del interior, tribunales orales, fiscalías y defensorías, y varias de ellas fueron trabajadas con mandatarios provinciales para facilitar el trámite legislativo.
El Senado ya tomó estado parlamentario de una parte de esos pliegos y la Comisión de Acuerdos quedó como la próxima estación. La Casa Rosada combina así dos necesidades: mostrar que normaliza un sistema judicial vaciado por las subrogancias y, al mismo tiempo, intervenir sobre los lugares donde se decide buena parte de la política penal federal.
La escena tiene un costado bastante transparente. Milei llegó denunciando a “la casta judicial” y ahora se apoya en uno de los mecanismos más clásicos del poder argentino: poblar vacantes en los tribunales estratégicos con nombres propios, acuerdos territoriales y operadores de confianza. La presencia de Santiago Viola en el Consejo de la Magistratura y la centralidad que ganó Mahiques en Justicia refuerzan esa lectura.
El Gobierno presenta el proceso como normalización institucional. El efecto político va bastante más allá: reordena relaciones internas en Comodoro Py y redefine quiénes van a juzgar expedientes decisivos durante los próximos años.

En segundo plano aparece otra presión. En el staff report aprobado por el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, el organismo pidió fortalecer la independencia de los órganos de control, mejorar la transparencia en contrataciones y privatizaciones y avanzar sobre la eficacia judicial y los marcos anticorrupción.
El señalamiento no habla de Comodoro Py en particular, pero sí marca un clima: el FMI espera mejoras institucionales mientras el Gobierno rediseña el fuero más sensible de la justicia federal. Ese cruce le agrega otra dimensión al movimiento oficial, porque cualquier reconfiguración judicial empieza a leerse también bajo la lupa de transparencia y gobernanza.
El próximo capítulo se juega en el Senado. Ahí se verá cuánto margen tiene el Gobierno para convertir esta avanzada en nombramientos efectivos y cuánto puede usar esos pliegos para seguir negociando con gobernadores y bloques dialoguistas.
Mientras tanto, la señal política ya quedó dada: Milei decidió entrar a fondo en Comodoro Py. Después de meses de conflictos con el Congreso, universidades, sindicatos y provincias, la justicia federal pasó a ocupar un lugar central en su estrategia de poder.