La situación de las agencias de lotería volvió a instalarse en la agenda política y económica. Representantes del sector de distintas provincias coincidieron en la necesidad de impulsar cambios legislativos para sostener la actividad frente a la caída del consumo, el avance del juego ilegal y los cambios en los hábitos de los apostadores.
El planteo se realizó durante el 1° Congreso Nacional de Cámaras y Asociaciones de Loterías y Afines, desarrollado en Córdoba, donde participaron autoridades de organismos oficiales, cámaras empresarias y representantes de agencias de más de veinte jurisdicciones argentinas.

Entre los principales reclamos surgidos del encuentro se destacó el pedido para que las agencias sean incorporadas al régimen de MiPyMEs y la actualización del monto mínimo establecido por la Ley 20.630, vigente desde 1974 y considerado desactualizado por los actores del sector.
Durante la jornada se avanzó en una serie de propuestas que serán elevadas a la Cámara de Diputados de la Nación. Según explicaron los organizadores, el objetivo es generar herramientas que permitan mejorar la competitividad de las agencias oficiales y fortalecer su rol dentro de la industria del juego legal.
En ese marco, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof, participó del encuentro junto a autoridades de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan. El funcionario sostuvo que el sector necesita actualizar normas que hoy limitan el crecimiento de las ventas y afectan a las agencias en todo el país.
Los representantes de las cámaras de agencieros advirtieron que la actividad enfrenta un escenario complejo por la caída del consumo y la migración de parte de los usuarios hacia plataformas digitales. También remarcaron la necesidad de combatir el juego ilegal y fortalecer las políticas de prevención de la ludopatía.

El congreso reunió a más de 130 participantes y cerró con el compromiso de impulsar una agenda común entre loterías provinciales y agencias oficiales para sostener una actividad que, según remarcaron los organizadores, continúa siendo una fuente de financiamiento para distintas acciones sociales en las provincias.