La tensión entre la Iglesia Católica y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el foco estuvo puesto en la política migratoria impulsada por la administración de Javier Milei, que recibió fuertes cuestionamientos por parte de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes.
Las críticas surgieron durante el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes -celebrado entre el 28 y el 30 de mayo en Luján- cuyos participantes alertaron sobre las consecuencias de las modificaciones introducidas en la normativa migratoria y señalaron que varias de las medidas adoptadas por el Ejecutivo generan situaciones de vulnerabilidad para miles de personas extranjeras radicadas en el país.
Según expresaron en un documento difundido tras el encuentro, la incertidumbre en los procesos de regularización y los cambios en las categorías migratorias provocan temor permanente a la expulsión y dificultan el acceso a derechos esenciales como la documentación, la salud, la educación y el trabajo.
Los representantes eclesiales también manifestaron preocupación por el aumento de rechazos de ingreso a migrantes en distintos pasos fronterizos y por la realización de operativos de control que, según sostuvieron, parecen responder más a estrategias de comunicación política que a políticas públicas orientadas a garantizar derechos.
En el mismo sentido, señalaron que las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país golpean especialmente a los sectores más vulnerables, entre ellos las familias migrantes, que enfrentan crecientes obstáculos para acceder a empleos formales y servicios de salud de calidad.
La Pastoral también puso el foco en la situación de trabajadores que se trasladan hacia zonas de fuerte actividad económica, como los polos hidrocarburíferos y portuarios, atraídos por la expectativa de conseguir empleo. Sin embargo, advirtieron que muchos terminan enfrentando condiciones precarias y situaciones de abuso laboral.
El documento pastoral retoma el planteo de monseñor García Cuerva el pasado 25 de mayo en el Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana, en el que puso el foco en la necesidad de fortalecer la convivencia social y el respeto por las diferencias. Ese día, el arzobispo pidió construir una sociedad basada en el diálogo y el reconocimiento mutuo.
En ese marco, convocó a “aprender a vivir en comunión” y a respetar la diversidad como condición necesaria para fortalecer los vínculos comunitarios. Las nuevas críticas de la Iglesia se producen en un contexto de creciente distancia entre sectores eclesiásticos y el Gobierno nacional, especialmente en temas vinculados a la cuestión social, la pobreza, el acceso a derechos y el rol del Estado frente a los sectores más vulnerables.