La polémica por el destino de las históricas unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse sumó un nuevo capítulo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó al gobierno de Javier Milei de impulsar un “negocio inmobiliario” detrás del proceso de concesión y reorganización de ambos complejos, creados durante el primer peronismo para garantizar el acceso al turismo de sectores populares.
Las declaraciones del mandatario provincial llegaron en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro de los predios, luego de que la administración nacional avanzara con medidas que incluyen despidos de trabajadores, pases a disponibilidad y la posibilidad de otorgar concesiones privadas de largo plazo.
🔴Axel Kicillof, volvió a confrontar con el gobierno de Javier Milei por el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal y advirtió que detrás del proceso impulsado por Nación podría existir un “negocio inmobiliario” vinculado a los históricos hoteles ubicados sobre la costa… pic.twitter.com/KicgoUOSLD
— Perfil.com (@perfilcom) May 31, 2026
Para Kicillof, la iniciativa representa una amenaza para uno de los emblemas históricos del turismo social argentino y podría derivar en una transformación definitiva del objetivo para el que fueron creados.
Desde el Gobierno bonaerense volvieron a exigir que la Nación transfiera la administración de Chapadmalal a la Provincia para garantizar la continuidad de los programas de turismo social.
La postura oficial fue respaldada también por el ministro de Producción, Augusto Costa, quien sostuvo que la Provincia no permitirá que “se remate la historia” ni que un derecho social se convierta en un negocio privado.

La administración provincial considera que el retiro del Estado nacional de la gestión de estos espacios pone en riesgo miles de vacantes destinadas a familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales que históricamente accedieron a vacaciones a costos reducidos.
“Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defenderá el patrimonio de todos los argentinos”, remarcaron desde el Ejecutivo bonaerense.
La administración de Javier Milei sostiene que los cambios buscan modernizar la gestión de los complejos y reducir los costos de mantenimiento que actualmente afronta el Estado.
En el caso de Chapadmalal, el Gobierno confirmó su intención de concesionar el predio por un plazo de 30 años a operadores privados, con el objetivo de atraer inversiones y poner en valor la infraestructura existente.
Mientras tanto, el complejo de Embalse, ubicado en Córdoba, fue transferido a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), aunque todavía no se comunicó oficialmente cuál será su destino definitivo.
Desde la Casa Rosada argumentan que el esquema actual resulta económicamente insostenible y que la participación privada permitiría mejorar los servicios sin comprometer recursos públicos.
Uno de los puntos que más preocupación genera entre sindicatos y trabajadores es la situación laboral.
En las últimas semanas se confirmaron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de empleados de planta permanente. Distintas organizaciones gremiales denuncian que entre 100 y 103 trabajadores resultaron afectados por las medidas implementadas en ambos complejos.
Los sindicatos aseguran que existe un proceso de vaciamiento progresivo y alertan sobre la paralización de actividades que históricamente sostenían el funcionamiento de los predios.

La preocupación también alcanza a sectores vinculados al turismo social, que temen que la reducción de personal sea el paso previo a una privatización más amplia.
La discusión sobre Chapadmalal y Embalse se transformó en mucho más que un conflicto administrativo.
Mientras el Gobierno nacional defiende un modelo basado en la inversión privada y la reducción del gasto público, la Provincia de Buenos Aires plantea que se trata de una decisión que impacta directamente sobre derechos sociales construidos durante décadas.
Con el cruce entre Kicillof y Milei cada vez más intenso, el futuro de los históricos complejos turísticos aparece como una nueva batalla política en un año marcado por las disputas entre la Casa Rosada y las provincias.
ND