Chapadmalal: la jugada del kirchnerismo en el Senado para blindar el turismo social

La disputa por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal sumó un nuevo capítulo en el Congreso.

Los senadores nacionales Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro presentaron un proyecto de ley que propone transferir gratuitamente a la Provincia de Buenos Aires el dominio y la administración del histórico complejo ubicado en el partido de General Pueyrredón, en medio de la controversia por las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei sobre el turismo social.

La iniciativa legislativa se conoce pocos días después de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof volviera a reclamar formalmente a la Nación la cesión del predio, al considerar que el Ejecutivo nacional avanza hacia un proceso de privatización mediante concesiones al sector privado.

Qué propone el proyecto de Di Tullio y Wado de Pedro

El proyecto plantea desafectar del dominio público nacional la Unidad Turística Chapadmalal y transferirla sin costo a la Provincia de Buenos Aires. Según el texto, la administración provincial debería mantener el destino social, educativo, recreativo y cultural que históricamente caracterizó al complejo.

La propuesta establece además que el acceso prioritario a las instalaciones deberá estar garantizado para jubilados, pensionados, estudiantes, contingentes escolares, organizaciones sociales y comunitarias, y personas con discapacidad.

Otro aspecto central es que la Provincia estaría obligada a preservar el valor histórico y patrimonial del predio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2013, y no podría modificar su destino público ni venderlo sin autorización expresa del Congreso de la Nación. En caso de incumplimiento, el inmueble volvería automáticamente al Estado nacional.

La defensa del turismo social

En los fundamentos del proyecto, los senadores peronistas sostienen que la Unidad Turística Chapadmalal nació en la década de 1940 con el objetivo de garantizar el acceso al descanso y las vacaciones para miles de trabajadores argentinos.

Los legisladores cuestionan las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional y afirman que existe un intento de “privatizar” y vaciar el complejo mediante concesiones al sector privado. Según argumentan, la iniciativa busca proteger tanto el turismo social como un patrimonio histórico de más de ocho décadas.

“El presente proyecto de ley tiene como finalidad la protección del acceso al turismo social y la preservación del patrimonio que es de todos los argentinos”, sostienen Di Tullio y De Pedro en el texto presentado en el Senado.

El reclamo de Axel Kicillof

La iniciativa legislativa coincide con la posición expresada por el gobernador Axel Kicillof, quien volvió a reclamar que la Nación transfiera la administración del complejo a la Provincia.

El mandatario bonaerense acusó al gobierno de Javier Milei de intentar desarrollar un “negocio inmobiliario” sobre las tierras de Chapadmalal y sostuvo que Buenos Aires está en condiciones de hacerse cargo de la gestión si el Estado nacional decide retirarse.

Desde La Plata argumentan que el complejo se encuentra en territorio bonaerense y que la Provincia puede garantizar la continuidad de los programas de turismo social que históricamente funcionaron allí.

En la misma línea, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, advirtió días atrás que la administración provincial no permitirá que se “remate nuestra historia” ni que se transforme “un derecho en el negocio de unos pocos empresarios inmobiliarios”.

Las medidas del Gobierno nacional sobre Chapadmalal

La controversia se profundizó durante los últimos meses a partir de una serie de decisiones adoptadas por la administración de Javier Milei respecto de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.

Uno de los puntos más cuestionados fue el Decreto 216/2025, mediante el cual se eliminó la obligación estatal de prestar y garantizar los servicios de turismo social. Según sectores opositores y gremiales, esa medida provocó que durante las temporadas 2025 y 2026 la cantidad de beneficiarios se redujera a cero.

Posteriormente, el Decreto 269/2026 eliminó las áreas organizativas encargadas de administrar los complejos dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente. A partir de esa decisión, la gestión quedó bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que los consideró bienes ociosos o innecesarios para la gestión pública.

Además, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó la intención del Gobierno de licitar y concesionar la Unidad Turística Chapadmalal a operadores privados por un período de 30 años, con el objetivo declarado de atraer inversiones y reducir los costos de mantenimiento para el Estado.

Despidos y denuncias de vaciamiento

Mientras avanza el debate político sobre el futuro del complejo, sindicatos y trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento de las instalaciones.

En las últimas semanas se registraron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente. Distintas organizaciones gremiales sostienen que más de un centenar de empleados resultaron afectados por las medidas implementadas tanto en Chapadmalal como en Embalse.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, argumentan que la reorganización busca optimizar recursos públicos y generar inversiones privadas que permitan poner en valor los complejos turísticos.