01/06/2026 - Edición Nº1210

Política

Regulación digital

Cambios para Uber, Cabify y Rappi: el Gobierno definió quién supervisará las aplicaciones

01/06/2026 | La Secretaría de Transporte será la autoridad encargada de supervisar la actividad de las aplicaciones de movilidad y reparto.



El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de regulación para las plataformas digitales de transporte y reparto al designar a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que alcanza a empresas como Uber, Cabify, Didi, RappiPedidosYa. La decisión fue formalizada a través del Decreto 407/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca dentro de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que creó un régimen específico para quienes prestan servicios mediante aplicaciones y los excluyó expresamente del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo.

Transporte toma el control

A partir de ahora, la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, será la encargada de supervisar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas vinculadas al traslado de pasajeros y a la logística de entregas.

Según argumentó el Gobierno, la naturaleza principal de estas actividades está vinculada al transporte y la movilidad, por lo que corresponde que su regulación quede bajo organismos con competencias técnicas en esas áreas. La Secretaría de Trabajo mantendrá únicamente atribuciones relacionadas con eventuales convenios colectivos que puedan surgir dentro del sector.

Un cambio de fondo en la economía de plataformas

La decisión ratifica la postura oficial de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes bajo un régimen especial, diferenciándolos del esquema laboral tradicional.

El sector viene protagonizando debates judiciales y políticos desde hace años sobre el vínculo entre las empresas tecnológicas y quienes prestan servicios a través de sus aplicaciones. Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca consolidar un marco regulatorio propio para una actividad que sigue creciendo en todo el país.

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a otorgar mayor previsibilidad jurídica y adaptar los controles a un mercado que combina transporte, logística y tecnología en un mismo ecosistema.

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