El crimen de Agostina Vega comenzó a generar fuertes repercusiones políticas en Córdoba y abrió una nueva disputa sobre las responsabilidades judiciales y de seguridad en torno al principal acusado, Claudio Barrelier.
Mientras la investigación avanza y se esperan resultados clave de la autopsia, distintos sectores de la oposición salieron a cuestionar la actuación de fiscales y funcionarios provinciales, con pedidos formales de investigación y remoción.
El ex diputado nacional Rodrigo de Loredo anunció que promoverá un jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Según explicó, Rodríguez deberá responder por haber otorgado la libertad a Barrelier en 2025 cuando estaba acusado por privación ilegítima de la libertad.
Vamos a impulsar el jury al fiscal Iván Rodríguez (que dejó en libertad a Barrelier) y al fiscal Garzón para que se investigue su proceder instructivo. En el mismo sentido, pediré a los concejales de nuestro bloque que soliciten la expulsión del concejal Ricardo Moreno.
— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) May 31, 2026
En el caso de Garzón, el planteo apunta a que se investigue su actuación durante la instrucción de la causa vinculada al crimen de Agostina Vega.

Además, el dirigente radical adelantó que pedirá a los concejales de la UCR impulsar la expulsión del concejal Ricardo Moreno, luego de que se difundiera un audio en el que minimizaba la situación judicial de Barrelier.
La ofensiva política no quedó limitada al radicalismo. El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó un pedido para que el exfiscal Iván Rodríguez sea citado en la Legislatura y explique las decisiones adoptadas en relación con Barrelier.
Presenté un pedido para citar en la Legislatura al ex fiscal Iván Rodríguez, quien liberó bajo fianza a Claudio Barrelier en 2025, hoy acusado del asesinato de Agostina Vega.
— Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) June 1, 2026
Los cordobeses merecen respuestas.
Por su parte, desde Izquierda Socialista anunciaron que reclamarán una investigación sobre la conducta del fiscal y solicitarán la remoción del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
En paralelo, dirigentes del PRO comenzaron conversaciones con sectores del Frente Cívico para analizar una estrategia común respecto de los pedidos de jury y las eventuales responsabilidades políticas derivadas del caso.
Con la investigación judicial todavía en marcha, el asesinato de Agostina Vega ya trascendió el plano penal y se convirtió en un nuevo foco de tensión política en Córdoba, donde la oposición busca poner bajo la lupa las decisiones que permitieron que el acusado recuperara la libertad antes del crimen.