IA, blockchain y leyes extranjeras: la apuesta del Gobierno para las empresas argentinas

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de desregulación económica al enviar al Congreso un proyecto que busca adaptar la legislación societaria a la era de la inteligencia artificial, la blockchain y los negocios digitales. La iniciativa incorpora figuras inéditas en el país, habilita estructuras empresariales descentralizadas y abre la posibilidad de que determinadas disputas internas se resuelvan bajo legislación extranjera.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, apunta a reemplazar buena parte del esquema vigente para la constitución y funcionamiento de sociedades comerciales, con el objetivo de reducir burocracia, ampliar la libertad de organización y facilitar el desarrollo de nuevos modelos de negocios tecnológicos.

Empresas digitales y estructuras basadas en blockchain

Uno de los cambios más novedosos del proyecto es la incorporación de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), una figura jurídica diseñada para organizaciones que funcionan mediante contratos inteligentes, blockchain y sistemas de gobernanza digital.

De aprobarse la iniciativa, estas sociedades podrían constituirse y operar íntegramente en entornos virtuales, con reglas automatizadas y mecanismos tecnológicos que permitan gestionar derechos, responsabilidades y procesos de toma de decisiones sin las estructuras tradicionales.

La reforma también habilita la emisión de participaciones societarias digitales y tokenizadas, además de reconocer herramientas tecnológicas para la votación, representación de socios y registro de operaciones. Para el Gobierno, se trata de una actualización necesaria frente al crecimiento de la economía digital y las nuevas formas de organización empresarial que emergen a nivel global.

Menos regulaciones y nuevas reglas para los conflictos

El proyecto propone además flexibilizar los procesos de transformación, fusión y escisión de sociedades, permitiendo modificaciones en la estructura empresarial sin necesidad de disolver previamente la compañía. También simplifica plazos y requisitos para reorganizaciones corporativas.

Otro de los ejes centrales apunta a la resolución de conflictos internos. La iniciativa incorpora mecanismos de mediación y arbitraje especializados para evitar que las disputas entre socios paralicen el funcionamiento de las empresas. También prevé herramientas para abordar bloqueos societarios, salidas de accionistas y situaciones de crisis sin recurrir necesariamente a largos procesos judiciales.

Según el texto, la disolución de una sociedad quedaría reservada como última instancia, priorizando alternativas que permitan preservar la continuidad de la actividad económica y el empleo.

El debate por las leyes extranjeras

Uno de los puntos que ya genera controversia es la posibilidad de que las sociedades que no realizan oferta pública establezcan en sus estatutos qué legislación y qué jurisdicción regirá para resolver conflictos internos entre socios, incluyendo la aplicación de leyes extranjeras o principios del derecho mercantil internacional.

La iniciativa aclara que estas cláusulas no podrán afectar derechos de terceros ni desplazar normas argentinas vinculadas a responsabilidad frente a terceros, concursos o registros societarios. Sin embargo, especialistas advierten que el esquema podría abrir una discusión sobre los límites de la autonomía empresarial y la soberanía jurídica.

Un modelo con pocos antecedentes

De convertirse en ley, Argentina se ubicaría entre los primeros países en incorporar un régimen societario de estas características. Según fuentes cercanas a la iniciativa, existen antecedentes parciales en algunos estados de Estados Unidos, como Wyoming y Vermont, además de jurisdicciones como las Islas Marshall.

Al mismo tiempo, algunos sectores plantean interrogantes sobre los desafíos de control y fiscalización que podrían surgir con la utilización de estructuras digitales complejas y sociedades basadas en blockchain, especialmente en materia de transparencia, identificación de beneficiarios finales y prevención de maniobras fraudulentas.