La investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de ARSAT sumó en los últimos días un capítulo inesperado. Lo que comenzó como una pesquisa por posibles hechos de corrupción vinculados a una licitación terminó con el hallazgo de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína y otros elementos de consumo en domicilios vinculados al ex titular de la empresa estatal Facundo Leal.
El exfuncionario, que formó parte de las gestiones de Alberto Fernández y de Javier Milei, también llegó a presidir el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), quedó detenido tras los procedimientos ordenados por la Justicia Federal de San Isidro. Además de las sustancias encontradas, los investigadores buscan determinar el origen de una fortuna que no tendría correlato con las declaraciones patrimoniales presentadas durante su paso por la función pública.

Los allanamientos fueron realizados en el marco de una causa que investiga supuestas irregularidades en contrataciones de logística vinculadas a ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández. En un departamento de Palermo, los efectivos encontraron ketamina, MDMA, cocaína, cannabis y más de 800.000 dólares en efectivo. Horas después, en una vivienda de Mendoza, aparecieron otros 1,7 millones de dólares.
En total, la Justicia secuestró más de 2,5 millones de dólares, además de pesos argentinos y moneda extranjera de distintos países. Según consta en la investigación, Leal no pudo justificar el origen de esos fondos al momento del procedimiento.
Las declaraciones juradas del exfuncionario muestran una evolución patrimonial que ahora quedó bajo la lupa judicial. Según la documentación analizada por los investigadores, su patrimonio pasó de 58 millones de pesos en 2021 a 528 millones en 2025, multiplicándose casi por nueve en apenas cuatro años.
El incremento más pronunciado se registró entre 2022 y 2023, período que coincide con la adjudicación y posterior ampliación de contratos que hoy forman parte de la causa. Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es una empresa unipersonal cuya actividad no aparece claramente detallada en las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Además, ninguna de las declaraciones juradas registraba una tenencia significativa de dólares en efectivo. De hecho, la última presentada consignaba apenas un centavo de dólar, una cifra que contrasta con los más de 2,5 millones secuestrados semanas después.

La investigación judicial se originó tras el robo de equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica almacenado en un depósito de San Fernando operado por una empresa contratada por ARSAT. A medida que avanzó la pesquisa, la Justicia puso la lupa sobre el proceso licitatorio y sobre las relaciones entre los contratistas y funcionarios de la empresa estatal.
Según la causa, las compañías que participaron de la licitación estarían vinculadas entre sí y habrían acumulado contratos y prórrogas por más de 1,9 millones de dólares. La fiscalía investiga posibles delitos de defraudación, malversación de fondos públicos, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Leal ya prestó declaración indagatoria. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la estrategia defensiva apunta a sostener que las drogas halladas eran para consumo personal y no para comercialización. Sin embargo, el principal desafío será justificar el origen de los millones de dólares encontrados durante los allanamientos.
Mientras tanto, el expediente permanece bajo secreto de sumario y los investigadores continúan analizando documentación, comunicaciones y movimientos patrimoniales que podrían ampliar el alcance de la causa.