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01/06/2026 - Edición Nº1210
Política
Milei vs. CIN
Financiamiento Universitario: la polémica oferta que puede hacer el Gobierno
01/06/2026 | El Ministerio de Capital Humano y el Consejo Interuniversitario Nacional prevén una reunión esta semana.
El Ministerio de Capital Humano y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reúnen esta semana.
El Ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) prevén reunirse este miércoles o jueves para abrir una mesa de negociación política. El encuentro técnico procura acercar posiciones y destrabar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario antes de un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia. Las tratativas buscan una solución intermedia a corto plazo en un contexto de creciente asfixia presupuestaria.
Las conversaciones formales congregarán al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al presidente del CIN, Franco Bartolacci, bajo el monitoreo directo de la Casa Rosada.
El eje central de la discusión radica en la polémica oferta que puede hacer el Poder Ejecutivo para recalcular la recomposición de los sueldos docentes tomando como base únicamente las pérdidas inflacionarias registradas durante el año 2025, un cambio en la cuenta matemática que achica el aumento total al omitir de forma deliberada el deterioro real acumulado desde fines de 2023 que establece la ley aprobada por el Congreso.
La convocatoria a los rectores para abrir una negociación política
Las autoridades del Gobierno y los representantes de las casas de altos estudios pactaron el encuentro bilateral para mediados de la semana. El ministro del Interior, Diego Santilli, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, siguen de cerca las alternativas de este canal de diálogo político.
Los rectores de las universidades públicas asisten a la mesa de discusión ante las crecientes dificultades financieras para sostener la actividad institucional cotidiana. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, asumió la representación del bloque universitario para canalizar las demandas de actualización presupuestaria vigentes.
El cambio en la base de cálculo: la oferta que reduce la recomposición salarial
La propuesta técnica que el Gobierno nacional colocó sobre el mostrador de negociación introduce una modificación sustancial en los períodos de actualización. El Palacio de Hacienda aspira a transferir partidas de fondos destinadas a cubrir de manera exclusiva la pérdida del poder adquisitivo salarial ocurrida a lo largo de 2025, según publicó el medio La Nación.
Este esquema de liquidación parcial se diferencia de lo dispuesto por la normativa que sancionó el Congreso de la Nación. La ley obliga al Poder Ejecutivo a recomponer los ingresos de los agentes docentes y no docentes tomando como base fija la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Al recortar el año 2024 de la ecuación presupuestaria, el Gobierno de Javier Milei reduce el impacto fiscal total del incremento requerido por el sistema educativo superior. Paralelamente, Nación mantiene en carpeta una propuesta de recomposición del 12% distribuida en tres cuotas fijas, una alternativa que los rectores y los sindicatos del sector calificaron previamente como carente de sentido.
La matemática del Tesoro: los 816 millones de dólares por la demora judicial
La dilación de la Corte Suprema de Justicia para dictar una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma generó un beneficio financiero directo para el Tesoro Nacional. La falta de resolución legal durante el mes de mayo consolidó la estrategia de postergación del gasto público diseñada por el equipo económico.
Cada mes que transcurre sin un fallo judicial representa una disminución de erogaciones para el fisco calculada de la siguiente manera:
- El Estado nacional deja de transferir aproximadamente 117 millones de dólares mensuales al sistema de educación superior.
- El ahorro fiscal acumulado por el Gobierno desde enero hasta la fecha asciende a un total de 816 millones de dólares por la no aplicación de la norma.
- La meta de superávit primario de 1,4% del PBI comprometida ante el Fondo Monetario Internacional funciona como el límite estricto para cualquier reasignación de fondos.
El costo global de aplicar plenamente la ley aprobada por el Congreso equivale al 0,2% del Producto Bruto Interno, unos 1.350 millones de dólares anualizados. Si el acuerdo político o judicial posterga la ejecución a los últimos cinco meses del año, el costo real caería al 0,08% del PBI, neutralizando el impacto macroeconómico negativo.
La asfixia presupuestaria en los hospitales universitarios y la subejecución
La parálisis de los giros financieros afecta con especial agudeza a las instituciones de salud que dependen de las universidades nacionales. Los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto confirman que en los primeros cuatro meses del ejercicio anual el Gobierno ejecutó apenas el 9,3% de las partidas totales asignadas al área.
Esta subejecución presupuestaria se traduce en una deuda consolidada del Estado nacional hacia los hospitales-escuela que alcanza los 80.000 millones de pesos del presupuesto correspondiente a 2026. Las autoridades de las universidades denunciaron una caída real acumulada del 67,1% en el flujo de fondos hospitalarios en comparación con el período anterior.
La subsecretaría de Políticas Universitarias admitió la existencia de una masa de 79.000 millones de pesos denominada "función salud" que aún no fue devengada ni asignada a ninguna casa de estudios en particular. El funcionario Alejandro Álvarez proyecto convocar de manera selectiva a los rectores para negociar una distribución equilibrada de estos recursos específicos.
Las medidas de fuerza estudiantiles y la masiva Marcha Federal de mayo
La apertura de este canal de negociación formal coincidió con la suspensión de las medidas de fuerza directas en los establecimientos educativos. Los centros de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini levantaron las tomas edilicias iniciadas la semana pasada en reclamo presupuestario.
La tregua estudiantil acompañó el desarrollo de las clases públicas dictadas por los claustros docentes de la UBA frente a las escalinatas de la Corte Suprema. La comunidad académica concentró la presión pública para exigir que el máximo tribunal acelere los plazos de definición del expediente judicializado.
El conflicto registró su hito de mayor impacto callejero el pasado 12 de mayo con la concreción de la cuarta Marcha Federal Universitaria. La movilización congregó a cientos de miles de personas en la Plaza de Mayo bajo consignas de repudio al ajuste de haberes y cuestionamientos a la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El recorrido legal: de la insistencia del Congreso al freno de la Corte Suprema
La disputa institucional acumuló fallos cruzados desde la sanción original de la Ley de Financiamiento Universitario por el Senado en agosto de 2025. El presidente Javier Milei vetó la iniciativa parlamentaria en septiembre de ese año, pero ambas cámaras del Congreso de la Nación reunieron las mayorías necesarias para revertir el veto presidencial y ratificar la vigencia de la ley.
Ante la negativa del Poder Ejecutivo a ejecutar las partidas, las casas de altos estudios obtuvieron resoluciones favorables en primera instancia por parte del juez Enrique Cormick, ratificadas luego por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, el escenario judicial dio un vuelco decisivo el pasado 7 de mayo.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por los abogados del Estado nacional, elevando las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Esta resolución de alzada suspendió los efectos operativos de la medida cautelar que obligaba al Gobierno a actualizar los haberes docentes y las becas, dejando la definición final en manos del triunvirato judicial que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
TM
