Un grupo de senadores encabezado por Adán Bahl presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley denominado “Ley Matías Colaprete”, que propone la creación del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia.
La iniciativa apunta a fortalecer la prevención, la detección temprana, la atención inmediata y el seguimiento de los casos de esta reacción alérgica grave, además de generar estadísticas epidemiológicas que permitan diseñar políticas públicas específicas.
El proyecto lleva el nombre de Matías Colaprete, un joven cuya muerte por anafilaxia impulsó una fuerte movilización de familiares y sectores de la sociedad civil para promover cambios normativos que permitan evitar tragedias similares en el futuro.
La propuesta, firmada también por Jorge Capitanich, Cándida López, Carlos Linares, Ana Marks, Martín Soria, Anabel Fernández Sagasti, María Florencia López y Lucía Corpacci, busca establecer un marco federal de actuación ante una emergencia médica que puede desarrollarse en cuestión de minutos y poner en riesgo la vida de una persona.
La anafilaxia es una reacción alérgica severa y de rápida evolución que puede comprometer simultáneamente distintos órganos y sistemas del cuerpo. Entre sus causas más frecuentes se encuentran determinados alimentos, medicamentos, picaduras de insectos y otras sustancias capaces de desencadenar respuestas inmunológicas extremas.
Los síntomas pueden aparecer en segundos o minutos luego de la exposición al agente causante e incluyen dificultad respiratoria, hinchazón de labios, lengua o rostro, urticaria, mareos, vómitos, palpitaciones, descenso brusco de la presión arterial e incluso pérdida de conocimiento.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, se trata de una emergencia tiempo-dependiente, en la que la rapidez de la respuesta puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal. Por ese motivo, los autores consideran necesario avanzar hacia un esquema preventivo y organizado que permita actuar con mayor eficacia en todo el territorio nacional.

La iniciativa propone la creación formal del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia, destinado a coordinar acciones orientadas a disminuir la morbimortalidad asociada a esta condición.
Entre sus objetivos principales figuran:
El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la futura ley mediante la sanción de normas locales que permitan implementar las medidas previstas.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Protocolo Nacional de Actuación ante la Anafilaxia, que deberá elaborarse dentro de los 120 días posteriores a la eventual promulgación de la ley.
El protocolo establecerá criterios homogéneos para actuar frente a emergencias alérgicas y será obligatorio para las jurisdicciones que adhieran a la norma.
Entre los contenidos mínimos previstos se incluyen:
Según los fundamentos de la iniciativa, la existencia de protocolos claros y uniformes permitirá reducir errores, demoras e improvisaciones en situaciones donde cada minuto resulta determinante.
Otro de los pilares del proyecto es la capacitación permanente de personal que desempeñe funciones en ámbitos donde pueden producirse episodios de anafilaxia.
La autoridad de aplicación deberá promover programas de formación destinados a trabajadores de instituciones educativas, sanitarias, deportivas, recreativas y comunitarias.
Los contenidos abarcarán la identificación de síntomas, la prevención de riesgos, la activación de servicios de emergencia y la aplicación de los protocolos correspondientes.
El texto propone además la creación de un Registro Nacional de Anafilaxia, que funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
La herramienta tendrá fines epidemiológicos, estadísticos y de planificación sanitaria, permitiendo conocer con mayor precisión la incidencia de esta problemática en el país.
La información recopilada deberá cumplir con los principios de confidencialidad y protección de datos personales establecidos por la legislación vigente.
Para los autores, contar con datos sistematizados permitirá diseñar estrategias de prevención más eficaces, identificar poblaciones de riesgo y evaluar el impacto de las políticas públicas implementadas.