Las recomendaciones tributarias que el Fondo Monetario Internacional realizó para la Argentina, consensuadas con el gobierno de Javier Milei, abrieron un inesperado frente de conflicto con parte del sector empresario argentino.
Tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazaron los lineamientos planteados por el organismo internacional y coincidieron en que una eventual reforma debería apuntar a reducir la presión fiscal sobre la actividad productiva, no a aumentar la carga sobre trabajadores y consumidores.
La discusión se desató luego de que el FMI propusiera ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen de Monotributo incrementando las alícuotas efectivas. El organismo sostiene que esos cambios permitirían compensar la reducción gradual de impuestos considerados distorsivos, como las retenciones y el impuesto al cheque.

Sin embargo, desde CAME calificaron las recomendaciones como "reformas regresivas". La entidad sostuvo que las medidas trasladan la carga tributaria hacia asalariados, pequeños contribuyentes y consumidores, afectando el ya deteriorado poder adquisitivo y encareciendo la formalidad para los sectores de menores ingresos.
La organización que representa a las pymes afirmó que el verdadero problema del sistema tributario argentino se encuentra en los tributos provinciales y municipales. En particular, apuntó contra Ingresos Brutos, las tasas locales y los regímenes de retenciones y percepciones que generan saldos a favor difíciles de recuperar y terminan afectando el capital de trabajo de las empresas.
Por ese motivo, CAME reclamó avanzar hacia un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios que permita simplificar tributos, eliminar distorsiones y mejorar la competitividad sin aumentar la presión impositiva sobre el consumo.
La definición es terminante: "la reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI".

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también tomó distancia de las recomendaciones del Fondo. Si bien la entidad comparte la necesidad de una reforma tributaria integral, advirtió que cualquier cambio debe priorizar la simplificación del sistema, la reducción de impuestos distorsivos y la promoción de la inversión privada.
Desde la CAC señalaron que la Argentina necesita avanzar hacia un esquema más competitivo y previsible, capaz de incentivar la formalización de la economía y la generación de empleo. En esa línea, manifestaron preocupación por propuestas que puedan incrementar la carga sobre sectores que ya enfrentan una elevada presión tributaria.
El posicionamiento conjunto de ambas entidades adquiere relevancia porque representa a una parte importante del entramado empresarial argentino. Tanto las pymes como el comercio consideran que la discusión tributaria no debería centrarse en ampliar la base de los impuestos existentes, sino en revisar gravámenes que encarecen la producción y reducen la competitividad.
📢 La CAC manifestó su posición ante las recomendaciones del FMI vinculadas a una futura reforma tributaria.
— CAC (@CACteinforma) June 2, 2026
La Entidad reiteró la necesidad de avanzar hacia una reforma integral que reduzca la presión impositiva y promueva el crecimiento de la actividad económica.
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El debate aparece además en un momento clave para el Gobierno. Mientras el FMI impulsa reformas estructurales para consolidar el programa económico, distintos sectores empresariales buscan influir en el diseño de una eventual reforma tributaria que podría convertirse en una de las principales discusiones económicas de los próximos meses.
Así, el planteo de CAME y la CAC deja en evidencia que, aun entre sectores que respaldan la necesidad de ordenar las cuentas públicas y simplificar el sistema impositivo, existen diferencias acerca de sobre quién debe recaer el costo de los cambios.