Divorcio vincular: la reforma que devolvió libertad legal a millones de argentinos

El Congreso aprobó la Ley 23.515 el 3 de junio de 1987, en momentos que la Argentina estaba lejos de atravesar días tranquilos. La inflación volvía a golpear el bolsillo, el gobierno radical enfrentaba crecientes dificultades políticas y la democracia todavía buscaba afirmarse después de décadas de golpes militares e inestabilidad institucional.

En medio de ese escenario, la administración de Raúl Alfonsín decidió avanzar sobre un tema que llevaba décadas generando controversias: el divorcio vincular. No era una disputa de la política tradicional, era una pelea que atravesaba a toda la sociedad. La Iglesia se opuso, pero la sociedad que ya había evolucionado más rápido.

Hasta entonces, una pareja podía separarse legalmente, pero no disolver el vínculo matrimonial. El resultado era una ficción jurídica cada vez más difícil de sostener. Miles de argentinos habían reconstruido sus vidas, formado nuevas familias o iniciado nuevas relaciones, pero seguían casados ante la ley.

La contradicción llevaba años acumulándose. De hecho, el divorcio vincular ya había sido aprobado durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón en 1954, en el marco del conflicto entre el peronismo y la Iglesia Católica. Tras el golpe de 1955, aquella legislación fue derogada y el tema quedó congelado durante más de tres décadas.

Una batalla cultural en el Congreso

La discusión parlamentaria fue tan intensa como previsible. La Iglesia Católica desplegó una fuerte campaña contra la iniciativa y numerosos legisladores quedaron atrapados entre sus convicciones personales, las presiones políticas y una realidad social imposible de ignorar.

Los que estaban a favor sostenían que el Estado no podía obligar a mantener un matrimonio que había dejado de existir en los hechos. Del otro lado, los sectores más conservadores advertían que la reforma atentaría contra la institución familiar y alteraría valores considerados fundamentales para la sociedad argentina.

Las sesiones estuvieron cargadas de discursos apasionados, argumentos jurídicos y posiciones ideológicas enfrentadas. Pero detrás de todas las exposiciones aparecía una pregunta mucho más simple: si una pareja había decidido terminar su vida en común, ¿Debía el Estado impedirle rehacerla legalmente? La mayoría parlamentaria terminó respondiendo que no.

El legado que sobrevivió a la coyuntura

La aprobación de la ley no modificó los problemas económicos que enfrentaba el gobierno de Alfonsín ni alteró el complejo escenario político de finales de los años ochenta. Sin embargo, dejó una marca mucho más profunda que muchas de las discusiones que dominaban la agenda de aquellos días.

Con el paso del tiempo, el divorcio dejó de ser una controversia nacional para convertirse en un derecho incorporado con naturalidad a la vida cotidiana de millones de argentinos. El privilegio de ser el primer divorciado fue el doctor Juan Bautista Sejeán, abogado de profesión.

La Ley 23.515 es uno de los hitos legislativos más importantes de la recuperación democrática. En su momento expresó una idea que empezaba a abrirse paso en la Argentina de la postdictadura: que las decisiones más íntimas de las personas no podían estar sujetas a las a normas vetustas. 

La Ley de divorcio puso fin a un uso social de la época: los separados que volvían a formar pareja tenían que casarse vía México, como se decía en la época. Eso significaba que ante la imposibilidad de romper en vínculo en la Argentina, encontraban una solución en el extranjero. Era la única forma de dejar de ser una pareja clandestina.