Caso Agostina Vega: cómo será el narcotest para municipales en Córdoba

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, enviará este jueves al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para reformar el estatuto de control interno de la administración pública. La iniciativa surge como respuesta directa al impacto institucional provocado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por un agente comunal. Hasta el momento, este tipo de exámenes obligatorios alcanzaba únicamente a la planta de funcionarios políticos y jerárquicos.

El cronograma de los controles: los días exactos antes del despido

El nuevo esquema de control técnico y administrativo fijará plazos perentorios y severos para la totalidad de los agentes del Estado municipal, sin importar su antigüedad o su tipo de contrato de revista. Tras la aprobación legislativa de la norma, comenzará a correr un cronograma estricto para la entrega de la documentación.

Los requisitos obligatorios se dividirán en dos etapas consecutivas:

• Plazo de 30 días: es el tiempo límite asignado por el municipio para que la totalidad de los empleados públicos presenten de forma obligatoria sus certificados actualizados de antecedentes penales.
• Plazo de 60 días: es el período máximo fijado por la intendencia para que todo el personal se someta de manera presencial a los exámenes médicos de narcotest, destinados a certificar que no consumen sustancias o drogas ilegales.

La sanción prevista por la ordenanza para quienes decidan no someterse a los exámenes médicos o no acerquen su documentación a las oficinas administrativas será automática. De acuerdo con lo informado por las autoridades del Palacio 6 de Julio, "quienes no cumplan con esos requisitos perderán sus cargos" dentro de la estructura estatal de forma inmediata.

"Estamos profundizando el proceso de ordenamiento y modernización del Estado municipal que iniciamos en 2019 durante la gestión de Martín Llaryora y que continuamos desde el comienzo de nuestra administración", defendió el intendente Passerini al anunciar el proyecto. Asimismo, el mandatario capitalino reclamó celeridad al bloque oficialista: "Espero que la ordenanza tenga un rápido tratamiento para que comiencen a correr los plazos previstos. Los cordobeses merecemos una sociedad mejor y ese compromiso debe empezar por la casa de todos".

Auditoría total sobre el universo de becarios y contratados

De forma paralela al debate en el Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo dispuso el inicio inmediato de una Auditoría Integral de todo el Personal Municipal. El procedimiento técnico alcanzará a las secretarías, áreas y dependencias operativas de la administración pública centralizada y descentralizada de Córdoba Capital. La intención oficial es auditar las planillas de asistencia y verificar los antecedentes de idoneidad de cada agente contratado.

La mira de las autoridades locales está puesta sobre las modalidades de contratación precaria que crecieron en los últimos años. En los despachos de la intendencia admiten que actualmente la municipalidad posee una masa de entre 2.500 y 2.800 becarios en funciones operativas, cuyos ingresos mensuales oscilan entre los $300.000 y los $570.000 por cumplir jornadas reducidas de cuatro horas diarias.

El único detenido por el crimen de la adolescente, Claudio Gabriel Barrelier, formaba parte de este universo laboral precario. El imputado de 33 años percibía un sueldo mensual de $570.000 desempeñándose como becario dentro de la Escuela de Tránsito Municipal al momento de quedar arrestado por la policía provincial.

El antecedente judicial que desató la crisis de control interno

La urgencia del Gobierno de Córdoba por implementar el narcotest se explica por las graves fallas de control interno que salieron a la luz tras la detención de Barrelier. El cotejo de la planilla prontuarial del acusado reveló que el empleado municipal arrastraba un antecedente penal alarmante por violencia de género ocurrido apenas un año antes, el 6 de mayo de 2025.

En aquella oportunidad, una joven logró escapar semidesnuda y atada con cintas de embalar de la misma vivienda de la calle Del Campillo al 787, en el barrio Cofico, pidiendo auxilio en los comercios vecinos. Por ese hecho, Barrelier pasó solo 20 días bajo arresto y recuperó la libertad ambulatoria tras pagar una fianza de 5 millones de pesos dispuesta por el fiscal Iván Rodríguez.

A pesar de haber estado recluido en un penal, la dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba admitió que nunca estuvo en conocimiento de la detención de su agente ni de sus ausencias injustificadas, lo que permitió que continuara cumpliendo funciones en la vía pública y mantuviera su postulación para pasar a la planta permanente del Estado.

Los resultados de la autopsia forense sobre el cuerpo de Agostina Vega terminaron de agravar el panorama político. Los estudios preliminares determinaron que la adolescente de 14 años falleció por asfixia por ahorcamiento tras sufrir un abuso sexual dentro de la vivienda del imputado, y que sus restos fueron posteriormente desmembrados con cuchillos de cocina para ser trasladados en bolsas de residuos hacia un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La purga del concejal Ricardo Moreno para frenar el costo político

El escándalo penal obligó al peronismo cordobés a realizar una rápida purga política para cortar los vínculos entre el acusado y el oficialismo municipal. Barrelier había ingresado a trabajar a la municipalidad en 2021 por recomendación directa de Ricardo Moreno, un histórico operador sindical y abogado penalista que se desempeñaba como concejal del bloque del Partido Justicialista. Además, el yerno de Moreno, Jorge Sánchez del Bianco, asumió la defensa legal de Barrelier durante las primeras horas de la búsqueda.

Para evitar que la oposición unificada forzara una humillante votación nominal de expulsión en el recinto, Passerini y el gobernador Martín Llaryora coordinaron una jugada de ajedrez reglamentario. El intendente ordenó que su secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, diera por concluida su licencia en el Ejecutivo y reasumiera de forma inmediata su banca en el Concejo Deliberante. Como Moreno ocupaba el escaño únicamente en carácter de suplente de La Cava, quedó desplazado de la legislatura municipal de forma automática.

"Estoy seguro que parte de las cartas en el asunto que está tomando la intendencia es modificar ordenanzas y demás para que esto no vuelva a ocurrir dentro de lo que es el ámbito municipal", declaró el reasumido concejal La Cava tras el movimiento de gabinete.

"Es imposible encontrar palabras": la reacción de Llaryora ante el reclamo social

El gobernador Martín Llaryora rompió el silencio institucional durante un acto oficial por el Día del Bombero Voluntario, donde solicitó un minuto de silencio en memoria de la menor. "Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características", manifestó el mandatario provincial.

👨‍🚒En el #DíaDelBomberoVoluntario, sumamos tres nuevas aeronaves a la flota de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), para fortalecer la capacidad operativa para la prevención y el combate de incendios forestales, las tareas de rescate y la respuesta ante emergencias en… pic.twitter.com/asT5FtXHbP

— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 2, 2026

Llaryora reveló que mantuvo una reunión privada en el Centro Cívico con el padre y los abuelos de la adolescente para ratificar el apoyo del Estado provincial en el proceso judicial. "Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia", enfatizó el mandatario.

La conmoción por el crimen coincide con la conmemoración del 11° aniversario de la movilización de Ni Una Menos. Ante el luto de la comunidad educativa de la escuela IPEM 169 a la que asistía la víctima, el Ministerio de Educación de Córdoba dispuso de forma excepcional que los docentes y alumnos de todos los niveles del turno tarde quedaran autorizados a retirarse de los colegios a partir de las 16:00 horas, sin que se les compute inasistencia, para marchar de forma masiva hacia el Patio Olmos para exigir justicia.

TM