Perú convierte la amnistía en ley y abre un choque regional

Perú dejó de discutir la impunidad como una amenaza futura y la convirtió en una norma vigente. El Congreso aprobó y promulgó una ley de amnistía para militares, policías y comités de autodefensa vinculados al conflicto interno de 1980 a 2000, un período atravesado por masacres, desapariciones, torturas y violencia estatal. La medida fue presentada como un reconocimiento a quienes combatieron al terrorismo, pero sus críticos advierten que puede cerrar causas por violaciones graves de derechos humanos.

La clave política está en el alcance. Organizaciones especializadas estimaron que la amnistía puede tocar más de 750 expedientes, incluidos procesos con sentencia firme y causas todavía abiertas. No se trata de un expediente simbólico, sino de un paquete judicial capaz de modificar la relación entre víctimas, Estado y Fuerzas Armadas. La pregunta que queda abierta es si una mayoría legislativa puede borrar responsabilidades penales cuando existen obligaciones internacionales ya fijadas por la Corte Interamericana.

Perú

Una ley, cientos de causas

El caso peruano tiene un espejo cercano en El Salvador. Allí, una amnistía general aprobada en 1993 bloqueó durante más de dos décadas investigaciones por crímenes de la guerra civil, hasta que la Sala Constitucional la declaró inválida en 2016. Ese antecedente muestra el costo institucional de cerrar demasiado rápido una herida histórica: los expedientes no desaparecen, se desplazan, se congelan y vuelven cuando la justicia interna o internacional encuentra una vía para reabrirlos.

Perú avanza ahora en sentido inverso. Mientras El Salvador tuvo que desandar una amnistía vieja, Lima consolida una nueva cobertura legal sobre hechos que todavía pesan en los tribunales. La Corte Interamericana ya intervino en casos como Barrios Altos y La Cantuta, dos nombres centrales de la memoria judicial peruana. El choque no es solo jurídico: también mide cuánto poder conserva el sistema interamericano frente a Congresos que buscan clausurar causas por ley.

Perú convierte la amnistía militar en ley y reabre el choque con la Corte IDH en la región.

El costo regional

Para la Argentina, el tema no queda del otro lado de la frontera. El Censo 2022 registró más de 1,9 millones de personas nacidas en otros países viviendo en el país, y la comunidad peruana integra ese mapa migratorio regional. Esa diáspora convierte la discusión peruana en una noticia con impacto humano local: familias, organizaciones y víctimas indirectas pueden seguir desde Argentina una decisión que redefine memoria, reparación y acceso a justicia en su país de origen.

El Congreso peruano blinda causas del conflicto interno y activa una señal regional clave.

También hay un costo fiscal e institucional que suele quedar fuera del titular. Cuando un Estado intenta cerrar cientos de causas por ley, puede reducir presión judicial interna en el corto plazo, pero expone al país a litigios internacionales, reparaciones futuras y nuevas condenas. Para el contribuyente, la factura no siempre aparece de inmediato; puede llegar años después, cuando la justicia regional ordena revisar lo que la política quiso archivar. Perú ya convirtió la amnistía en ley; ahora falta saber quién pagará el costo de sostenerla.