Pesca ilegal, USD 1.000 millones en juego y cárcel: qué llegó a Diputados

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal de la Nación el delito de pesca ilegal, con el objetivo de establecer sanciones penales para las conductas más graves vinculadas a la explotación irregular de recursos pesqueros.

La iniciativa fue presentada por Guillermo Michel, junto a Juan Pablo Luque, Kelly Olmos, Emir Félix, Moira Lanesan Sancho y Victoria Tolosa Paz.

Los legisladores sostienen que el régimen vigente, basado principalmente en sanciones administrativas, resulta insuficiente para enfrentar actividades que generan perjuicios ambientales, económicos y de control estatal sobre los recursos marítimos.

La problemática de la pesca ilegal

En los fundamentos del proyecto, los autores señalan que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una preocupación creciente para la Argentina, tanto por su impacto sobre la conservación de especies como por las pérdidas económicas que genera.

Según datos citados en la iniciativa, la industria pesquera argentina exportó durante 2025 más de 549.000 toneladas por un valor superior a los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, estimaciones mencionadas en el texto indican que la pesca ilegal en el Atlántico Sur podría generar pérdidas de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales.

Los diputados advierten además sobre la presencia de cientos de embarcaciones extranjeras operando en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y sobre el aumento sostenido de la presión pesquera sobre especies de alto valor comercial, como el calamar.

Para los impulsores de la iniciativa, la legislación actual contempla multas, decomisos y otras sanciones administrativas, pero no prevé herramientas penales específicas para castigar las conductas más graves que afectan la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

Qué conductas serían consideradas delito

El proyecto propone incorporar un nuevo artículo 206 bis al Código Penal para sancionar con penas de prisión de seis meses a tres años y multas económicas a quienes realicen actividades pesqueras en determinadas circunstancias consideradas especialmente lesivas.

Entre ellas se encuentran la pesca durante períodos de veda, en zonas donde la actividad esté prohibida o restringida por razones de conservación, la captura de especies protegidas o cuya explotación se encuentre prohibida, y el uso de métodos de pesca no autorizados.

También se incorpora una figura destinada a castigar la denominada pesca no declarada. En estos casos, la conducta penal se configuraría cuando se falseen u oculten datos sobre las capturas realizadas y el volumen omitido supere el 10% del total efectivamente pescado, siempre que ello pueda afectar la conservación de los recursos o los controles estatales.

Agravantes para los casos más graves

La propuesta establece penas más severas cuando los hechos involucren especies amenazadas o protegidas, áreas naturales protegidas, reservas o parques nacionales.

Asimismo, se prevén agravantes cuando se utilicen explosivos, sustancias tóxicas o métodos masivos de captura, cuando participen tres o más personas de manera organizada, cuando intervengan embarcaciones extranjeras sin autorización o cuando existan maniobras destinadas a eludir controles oficiales.

También se contempla una sanción agravada para los casos que afecten especies o stocks pesqueros declarados en situación de colapso, sobreexplotación o agotamiento.

En caso de participación de funcionarios públicos, el proyecto prevé además la aplicación de penas de inhabilitación especial.

Comercialización de productos provenientes de pesca ilegal

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que no se limita a sancionar la captura ilegal de especies.

El proyecto crea una figura específica para castigar a quienes compren, vendan, transporten, almacenen, industrialicen o comercialicen productos provenientes de pesca ilegal, siempre que conozcan su origen ilícito.

Los autores sostienen que muchas veces la rentabilidad de estas actividades depende de una cadena comercial posterior y que, por lo tanto, resulta necesario sancionar también a quienes integran esos circuitos económicos.

Responsabilidad penal para empresas

La iniciativa incorpora además un régimen de responsabilidad para las personas jurídicas.

De aprobarse, las empresas podrían ser sancionadas cuando los delitos hayan sido cometidos en su beneficio o bajo su estructura organizativa.

Las sanciones previstas incluyen multas de hasta cinco veces el beneficio económico obtenido, suspensión de permisos o habilitaciones pesqueras, prohibición para contratar con el Estado y publicación de la sentencia condenatoria.

Según los fundamentos del proyecto, la intención es evitar que únicamente sean castigadas las personas físicas mientras las empresas que obtienen los beneficios económicos continúan operando sin consecuencias significativas.

Asociación ilícita para la pesca ilegal

Otra de las novedades es la creación de una figura específica de asociación ilícita vinculada a la pesca ilegal.

La propuesta establece penas de entre dos y seis años de prisión para quienes integren organizaciones dedicadas de manera permanente o reiterada a cometer estos delitos.

Las sanciones aumentarían para los organizadores, financistas o responsables de la estructura criminal, quienes podrían recibir condenas de hasta ocho años de prisión.