Debate económico
03/06/2026 - Edición Nº1212
Política
Plaza del Congreso
Ni Una Menos: los 5 reclamos clave que lanzaron al gobierno de Javier Milei
03/06/2026 | Durante la marcha contra la violencia de género reclamaron por la IVE, el programa Acompañar, la ESI y más.
Miles de manifestantes se concentraron en Buenos Aires a 11 años de la primera convocatoria nacional del colectivo feminista.
Una multitud de personas colmó este miércoles la Plaza del Congreso en la 11° marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos. La movilización se desarrolló bajo un clima de profunda conmoción nacional tras los recientes femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Beatriz Candia en Misiones y Noelia Romero en la provincia de Buenos Aires.
Plaza del Congreso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), epicentro de la marcha Ni Una Menos.
El acto central incluyó la lectura de un documento de fuerte contenido político que denunció el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género. Durante la jornada de protesta, las manifestantes apuntaron de forma directa contra el programa económico y las decisiones institucionales ejecutadas por la gestión de Javier Milei.
El documento final de Ni Una Menos a 11 años del primer 3J.
Los cinco reclamos claves que marcaron el eje de la movilización frente al Congreso de la Nación y que chocan con el Gobierno son: el vaciamiento financiero de los programas de prevención y asistencia como la Línea 144 y el programa Acompañar; el rechazo a la intención oficial de eliminar el femicidio como figura penal agravante; el desfinanciamiento total de la Educación Sexual Integral (ESI); el freno absoluto en el acceso a medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); y el severo impacto del ajuste fiscal sobre el poder adquisitivo de los jubilados.
1. El vaciamiento de los programas de asistencia y prevención
El principal reclamo de la movilización apunta al desmantelamiento estructural de las herramientas de protección estatal para personas en contextos de violencia de género. Según un informe técnico de la organización Chequeado, la inversión real en los ocho principales programas del sector cayó un 94,8% real entre 2023 y 2025 bajo la presidencia de Javier Milei. Seis de estos programas de asistencia fueron discontinuados o absorbidos por áreas con objetivos más de corte general dentro de los ministerios de Capital Humano y de Justicia.
Los recortes presupuestarios afectaron de forma drástica al programa Acompañar, cuyos fondos cayeron un 99% real, reduciendo su cobertura de más de 100 mil personas en 2023 a solo 434 en 2024. Asimismo, el presupuesto ejecutado para la Línea 144 de atención telefónica sufrió una caída del 97,7% real junto a una reducción del 45% de su personal técnico. El documento leído en el Congreso sentenció que el Gobierno nacional "eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género".
2. La resistencia a la eliminación de la figura penal del femicidio
El colectivo Ni Una Menos manifestó su absoluto rechazo a la intención gubernamental de suprimir el femicidio como un agravante dentro del Código Penal argentino. Esta postura del Poder Ejecutivo fue ratificada por el propio presidente Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde tildó la figura penal de distorsión legal y "búsqueda de privileges". El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona también había calificado la norma agravante de "inconstitucional".
MONTEOLIVA PIDIÓ "LA VERDAD COMPLETA" SOBRE EL CASO AGOSTINA VEGA
— Clarín (@clarincom) June 1, 2026
La ministra de Seguridad Nacional habló por primera vez sobre el caso en una conferencia de prensa. Evitó usar la palabra "femicidio" para referirse al crimen y destacó el trabajo de la justicia.
Testimonio de… pic.twitter.com/43vx20EJzF
La controversia institucional escaló tras los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien se refirió al caso de Agostina Vega como un "homicidio". El documento del 3J repudió estos dichos afirmando que "esta decisión no es meramente una cuestión de lenguaje: implica negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad". Las organizaciones recordaron en las calles que en la Argentina se comete un femicidio cada 31 horas.
3. El desfinanciamiento de la Educación Sexual Integral
El tercer punto de choque directo con la administración libertaria es el desmantelamiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). El Gobierno nacional discontinuó el financiamiento de este programa de aprendizaje al excluir la partida asociada de las planillas del Presupuesto nacional. En su reemplazo ideológico, la Secretaría de Educación había anunciado la realización de capacitaciones con la ONG chilena Teen Star, que promueve la abstención sexual como método exclusivo de prevención.
El documento central leído frente al Congreso defendió la vigencia de la norma. "Rechazamos el intento de eliminar la Educación Sexual Integral. Como dijeron las docentes de Agostina, la ESI salva vidas", denunciaron las voceras desde el escenario principal de la Plaza del Congreso. Las agrupaciones reclamaron una aplicación no biologicista, laica, de enfoque feminista y accesible en todos los niveles educativos del país.
4. El freno en el acceso a los medicamentos para el aborto legal
Las agrupaciones feministas denunciaron que el Ministerio de Salud de la Nación interrumpió por completo la entrega de medicamentos esenciales para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Durante la gestión actual, la entrega de tratamientos públicos con misoprostol y mifepristona cayó un 100% en comparación con el último año de la gestión anterior. Esta falta de provisión obligó a las mujeres a adquirir los insumos de forma privada a precios que superan los $100.000 en farmacias.
Como consecuencia directa de estas barreras estatales, las denuncias y consultas por obstáculos para abortar aumentaron un 275%. El total de abortos registrados en el país bajó de 107.505 en 2023 a 79.186 en 2024 debido a las trabas económicas y la falta de insumos en los hospitales públicos. "Desfinanciar la salud sexual y reproductiva, obstaculizar el aborto legal y forzar maternidades es violencia estatal", dijeron en el texto de la movilización federal.
5. El impacto del ajuste económico sobre los jubilados
La movilización vinculó de forma directa la violencia de género con las consecuencias del ajuste fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo junto al Fondo Monetario Internacional (FMI). Las organizaciones remarcaron que el empobrecimiento y la precarización laboral afectan principalmente a los sectores laborales y de cuidado altamente feminizados. Entre ellos destacaron la pérdida de 15.748 puestos de trabajadoras de casas particulares y el recorte salarial nominal del sector docente tras la quita del fondo de incentivo.
🗣️Cazzu participó en la lectura del documento durante el acto central de la marcha de Ni Una Menos
— Filo.news (@filonewsOK) June 3, 2026
💬"Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: ¡Nuestras vidas no son desechables!".
📼Revista Crítica pic.twitter.com/egWVJFuTTV
El reclamo social se centró con fuerza en la situación de las jubilaciones mínimas, cobradas en su gran mayoría por mujeres que accedieron al sistema previsional mediante moratorias de amas de casa. Estos haberes mínimos sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 13,3% real durante el primer trimestre de gestión. El documento final del colectivo Ni Una Menos exigió de forma explícita que el Gobierno nacional "cumpla con las y los jubilados, que hoy son quienes más pagan el ajuste".
Una marcha especial de Ni Una Menos
La undécima marcha federal del Ni Una Menos comenzó a concentrarse a partir de las 15:00 hs en las calles laterales de la Plaza del Congreso. La jornada contó con la participación activa de partidos políticos de izquierda, del peronismo, centrales sindicales como la CGT y la CTA, y agrupaciones de jubilados que marchan tradicionalmente los miércoles. En los alrededores del Congreso se desplegó un mantel violeta con los nombres de las víctimas y carteles que exigieron la destitución de los fiscales de Córdoba Raúl Garzón e Iván Rodríguez.
Movilizaciones similares se replicaron en las principales ciudades del país, incluyendo Mendoza, Rosario, Tucumán, Santa Fe y Neuquén. En la ciudad de Córdoba, el abuelo de Agostina Vega, Miguel Heredia, participó de la marcha antes de asistir al sepelio de la menor de 14 años. Por su parte, la abuela de la adolescente exigió la detención de la dueña del vehículo usado por el imputado Claudio Barrelier, acusándola de complicidad en el femicidio que conmocionó al país.
TM
