FETIGNRA declaró alerta nacional y apuntó contra las empresas de gas por despidos

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesan miles de trabajadores del sector energético.

La organización sindical denunció que empresas distribuidoras y transportadoras de gas vienen impulsando despidos y procesos de tercerización que, según afirman, ponen en riesgo tanto la estabilidad laboral como la calidad de uno de los servicios públicos más importantes del país.

La medida fue anunciada a través de un comunicado en el que la federación expresó su rechazo a las desvinculaciones registradas en distintas compañías del sector, en un contexto que calificó como contradictorio: mientras las empresas muestran balances positivos y mejores indicadores económicos, avanzan con recortes de personal.

Para el gremio, la situación refleja una estrategia empresarial destinada a maximizar ganancias mediante la reducción de costos laborales.

Denuncian que las empresas ganan más, pero reducen personal

Uno de los principales argumentos expuestos por la federación es que los despidos se producen en un momento de fuerte recuperación económica para las compañías energéticas.

Según señalaron, durante los últimos años las empresas distribuidoras y transportadoras se beneficiaron con actualizaciones tarifarias, mejoras en sus ingresos y resultados financieros favorables.

Sin embargo, lejos de traducirse en más inversiones o generación de empleo, el gremio sostiene que muchas compañías optaron por disminuir sus planteles permanentes.

Desde FETIGNRA consideran que no existen razones operativas ni económicas que justifiquen la reducción de trabajadores propios y sostienen que detrás de estas decisiones existe una política orientada a reemplazar empleo formal por esquemas de contratación tercerizada.

El avance de la tercerización preocupa a los trabajadores

La organización sindical advirtió que numerosas tareas históricamente desarrolladas por personal especializado están siendo transferidas a empresas contratistas.

Según denuncian, esta modalidad implica condiciones laborales más precarias, menores niveles de protección para los empleados y una pérdida progresiva de derechos adquiridos.

Además, remarcaron que muchos de los trabajadores desplazados cuentan con años de experiencia y capacitación específica en una actividad considerada estratégica para el funcionamiento del país.

Para el gremio, la sustitución de personal propio por contratistas representa un deterioro del modelo laboral que durante décadas caracterizó al sector gasífero argentino.

La advertencia sobre la seguridad y la calidad del servicio

Más allá de la cuestión laboral, la federación puso el foco en las posibles consecuencias que esta política podría tener sobre la operación del sistema de distribución y transporte de gas.

Según expresaron, la reducción sostenida de personal especializado podría afectar los controles técnicos, las tareas de mantenimiento y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

El sindicato alertó que algunas de las funciones transferidas requieren una elevada capacitación profesional debido a la complejidad y los riesgos asociados a la manipulación de instalaciones gasíferas.

Por ese motivo, consideran que la situación trasciende el conflicto gremial y se vincula directamente con la seguridad pública y la calidad del servicio que reciben millones de usuarios.

Críticas a los organismos de control

En otro tramo del comunicado, FETIGNRA cuestionó la actuación de los organismos encargados de supervisar la actividad.

La federación manifestó preocupación por lo que definió como una actitud pasiva frente al avance de los despidos y la tercerización, y reclamó una intervención más activa de las autoridades regulatorias.

Según indicaron, garantizar la seguridad operacional, proteger los puestos de trabajo y preservar la calidad del servicio debería ser una prioridad para los organismos responsables del control del sistema energético.

Qué reclama el sindicato

Como parte de sus demandas, la organización exigió el cese inmediato de los despidos que considera injustificados, la preservación de las fuentes laborales y el respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Además, reclamó políticas orientadas a fortalecer la capacitación, la estabilidad laboral y el desarrollo profesional dentro del sector.

Con la declaración del estado de alerta nacional, el conflicto suma un nuevo foco de tensión en la industria energética y abre un escenario de incertidumbre que podría derivar en futuras medidas gremiales si no aparecen respuestas por parte de las empresas y de las autoridades competentes.

ND