La disputa que se abrió entre Javier Milei y Patricia Bullrich por el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli alteró los planes del oficialismo en el Senado y volvió a exponer tensiones dentro de La Libertad Avanza. Sin embargo, el Gobierno apuesta a dejar atrás la polémica y avanzar este jueves con una sesión clave para impulsar parte de su agenda legislativa.
Luego de días marcados por cruces, malestar entre aliados y dudas sobre la viabilidad de la convocatoria, la Cámara alta fue citada para debatir una serie de proyectos promovidos por la Casa Rosada, además de acuerdos vinculados con designaciones judiciales y compromisos financieros del Estado.
La sesión aparece como una oportunidad para que el oficialismo recupere iniciativa política después de una semana en la que el conflicto por los pliegos judiciales desplazó del centro de la escena a sus prioridades legislativas.
La iniciativa contempla modificaciones en distintos regímenes vinculados a la propiedad, incorpora cambios en la legislación sobre compra de tierras por parte de extranjeros, introduce ajustes a la Ley de Manejo del Fuego y modifica aspectos relacionados con los procesos de expropiación.

Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo aceptó retirar algunos puntos que habían generado resistencia entre bloques dialoguistas y sectores de la oposición. Entre ellos, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que finalmente continuará bajo administración del Estado nacional.
Para el Gobierno, la aprobación de esta norma representaría una señal de fortaleza legislativa en medio de un escenario político que se volvió más complejo tras la controversia por los nombramientos judiciales.

Otro de los expedientes que buscará aprobar el Senado está relacionado con el pago de aproximadamente 171 millones de dólares a los fondos Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd.
La iniciativa ya había sufrido una postergación luego de que uno de los acreedores informara errores en la identificación de los bonos incluidos en la documentación enviada al Congreso. Esa situación obligó a extender los plazos para alcanzar una aprobación legislativa que permita avanzar con el acuerdo.
El Ejecutivo considera prioritario cerrar este capítulo para evitar nuevos litigios y dar una señal de previsibilidad en el frente financiero.
Aunque el caso Michelli quedó fuera de la discusión inmediata, las consecuencias políticas del episodio continúan impactando en el Senado.
La decisión de retirar el pliego provocó cuestionamientos dentro del propio oficialismo y tensó la relación con sectores aliados que venían acompañando la estrategia parlamentaria del Gobierno. El episodio también dejó al descubierto diferencias entre referentes libertarios respecto de cómo administrar las negociaciones en la Cámara alta.
En paralelo, el Senado mantiene bajo análisis decenas de postulaciones para cubrir vacantes judiciales. Según trascendió, podría oficializarse una nómina de alrededor de 50 candidatos para cargos que forman parte de un universo de 73 pliegos ya dictaminados.

Mientras persiste la discusión por las designaciones, también avanzaron iniciativas destinadas a ampliar la estructura judicial en distintas provincias.
En las últimas semanas tomaron estado parlamentario proyectos para crear nuevos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, propuestas impulsadas por legisladores de distintos bloques y con respaldo de gobernadores provinciales.
Así, en medio de una semana atravesada por las tensiones políticas y las diferencias internas, el oficialismo intentará que la sesión del Senado marque un cambio de clima y le permita volver a mostrar capacidad para construir acuerdos y avanzar con proyectos propios.