Un concejal de San Isidro deberá pagar una indemnización de 12 millones de pesos a una ex compañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual luego de que una cámara de seguridad registrara el momento en que le tocó los glúteos mientras ella realizaba tareas laborales en una dependencia municipal.
Se trata de Alberto Montes, dirigente de La Libertad Avanza, quien al momento del hecho se desempeñaba como inspector de Tránsito del municipio y acababa de resultar electo concejal. El episodio ocurrió en noviembre de 2023 y dio origen a una denuncia que avanzó tanto en el fuero civil como en el penal.
Según la información incorporada al expediente, la trabajadora se encontraba de espaldas realizando sus tareas habituales cuando Montes se acercó y le dio una palmada en los glúteos sin su consentimiento.
La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el lugar. Tras el contacto, la mujer reaccionó de inmediato, se apartó y le propinó un golpe en el rostro al acusado.
La difusión posterior de las imágenes generó fuerte repercusión y colocó al dirigente libertario en el centro de una controversia que trascendió el ámbito judicial y llegó al terreno político.

El caso derivó en una demanda civil y en una causa penal por abuso sexual. En el marco del expediente civil, ambas partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual Montes se comprometió a abonarle una compensación económica de 12 millones de pesos a la denunciante.
El esquema de pago contempla un desembolso inicial de tres millones de pesos, dos cuotas posteriores de dos millones y varias cuotas de un millón hasta completar el monto acordado.
La resolución económica no implica el cierre de las actuaciones penales ni modifica el estado de la investigación que continúa tramitándose en la Justicia.
Durante el proceso, Montes realizó declaraciones que generaron nuevas críticas al sostener que “lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”.
La explicación fue rechazada por distintos sectores que consideraron que el hecho no podía interpretarse como una broma sino como una conducta inapropiada ocurrida en un ámbito laboral y sin consentimiento de la trabajadora.
Mientras tanto, la causa penal sigue avanzando y mantiene al concejal bajo investigación.
El expediente está caratulado como "abuso sexual" y tramita ante el Juzgado Correccional N° 5.
La defensa del edil solicitó el sobreseimiento, aunque el pedido fue rechazado por la Justicia. Tras esa decisión, los abogados apelaron la resolución, por lo que el caso quedó ahora bajo revisión de una instancia superior.
De esta manera, aunque el conflicto civil quedó encaminado mediante el acuerdo indemnizatorio, la situación judicial de Montes continúa abierta y será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades penales derivadas del episodio registrado por las cámaras de seguridad.