Reapareció Massa: qué proyecto de Milei busca frenar en el Congreso

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo una reunión con representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires para analizar el proyecto de desregulación inmobiliaria que prepara el Gobierno nacional y que, según anticipó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será enviado al Congreso durante junio.

El encuentro se produjo en momentos en que crece el debate dentro del sector inmobiliario sobre el alcance de la reforma que impulsa la administración de Javier Milei.

Mientras el oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá reducir costos, ampliar la competencia y simplificar las operaciones inmobiliarias, los colegios profesionales advierten sobre posibles riesgos para la seguridad jurídica de compradores, vendedores e inquilinos.

En ese contexto, Massa expresó su respaldo a la posición de los martilleros bonaerenses y se comprometió a acompañar al sector frente a una eventual reforma que avance sobre el sistema actual de regulación profesional.

La reunión entre Massa y los martilleros

Del encuentro participaron el presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao; el vicepresidente Alfredo Lavalle; y el secretario de Relaciones Institucionales de la entidad, José María Sacco.

Según informó la organización, durante la reunión se analizó el proyecto que estaría elaborando el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y se intercambiaron opiniones sobre el impacto que podría tener sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Massa coincidió con los planteos de los representantes del sector y manifestó su apoyo a la continuidad de los mecanismos de control profesional actualmente vigentes.

De acuerdo con lo expresado por los participantes, el exministro de Economía sostuvo la "necesidad e importancia del rol de los Colegios Profesionales en beneficio de la sociedad" y destacó que esas instituciones funcionan como una herramienta de protección frente a posibles fraudes y maniobras irregulares dentro del mercado inmobiliario.

Asimismo, se comprometió, tanto a nivel personal como junto al Frente Renovador, a acompañar a los profesionales del sector ante una eventual modificación del esquema regulatorio.

Qué busca cambiar el Gobierno

La discusión tomó fuerza luego de que Federico Sturzenegger confirmara públicamente que el Gobierno trabaja en una reforma integral del mercado inmobiliario.

La iniciativa todavía no fue presentada formalmente en el Congreso, pero distintos borradores y declaraciones oficiales permiten anticipar algunos de los principales cambios que analiza la Casa Rosada.

Entre ellos aparecen la flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario, la revisión de las facultades regulatorias de los colegios profesionales, la eliminación de honorarios mínimos, la apertura a nuevas plataformas tecnológicas y la posibilidad de operar en distintas jurisdicciones con menos restricciones.

También se estudian medidas destinadas a simplificar trámites, digitalizar procesos administrativos y reducir barreras de ingreso para nuevos operadores del mercado.

Sturzenegger defendió la iniciativa al sostener que muchas regulaciones actuales encarecen las operaciones y limitan la competencia.

"Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo", afirmó recientemente el ministro.

Desde la visión oficial, la reforma permitiría generar un mercado más abierto, con menores costos de intermediación y una mayor variedad de opciones para consumidores y empresas.

Los argumentos a favor de la desregulación

Quienes respaldan el proyecto consideran que el sistema actual impone restricciones que terminan trasladándose al costo final de las operaciones.

Uno de los principales defensores de esta postura es Jorge Amoreo Casotti, referente del sector Proptech y de la plataforma PINT, quien sostiene que una mayor apertura permitiría el ingreso de nuevos actores y fomentaría modelos de negocio más eficientes.

Según explicó, buena parte de los costos asociados a la compraventa de inmuebles están vinculados con estructuras administrativas y regulatorias que podrían simplificarse: "Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica”.

También señaló que el avance tecnológico está modificando profundamente la actividad inmobiliaria en todo el mundo y consideró que Argentina debe adaptarse a esos cambios: "Existe un cambio de paradigma tecnológico, cultural y estructural en la industria inmobiliaria mundial y Argentina no puede quedar atrás".

Desde este sector sostienen además que la seguridad jurídica no depende exclusivamente de la existencia de una matrícula obligatoria, sino también de la transparencia, la trazabilidad de las operaciones y las buenas prácticas profesionales.

El rechazo de colegios y cámaras inmobiliarias

Del otro lado del debate se encuentran los colegios profesionales y las principales entidades que representan a corredores y martilleros.

Las organizaciones advierten que una eliminación de la matrícula obligatoria podría facilitar la proliferación de operadores sin capacitación específica y aumentar los riesgos de estafas inmobiliarias.

Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI), sostuvo que los corredores cumplen una función profesional que requiere formación permanente y controles institucionales.

"Los corredores inmobiliarios son profesionales que se capacitan permanentemente para administrar e intermediar sobre el patrimonio de las personas. Los colegios cumplen una función de ordenamiento y supervisión", señaló.

En la misma línea, desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) remarcan que los colegios profesionales cuentan con mecanismos disciplinarios y herramientas de fiscalización que permiten actuar frente a irregularidades.

Su vicepresidente primero, Jorge Pighin, aseguró que "el 95% de las estafas proviene de personas que no tienen matrícula", uno de los argumentos centrales utilizados por las entidades para defender el sistema vigente.

Las organizaciones también sostienen que la colegiación garantiza estándares mínimos de capacitación, ética profesional y responsabilidad frente a los consumidores.