Escondida en San Antonio de Areco: quién es la colombiana acusada de financiar el terrorismo

Una ciudadana colombiana de 42 años acusada de integrar una estructura dedicada al lavado de activos del narcotráfico y a la financiación del terrorismo fue extraditada en las últimas horas a su país, donde deberá responder ante la Justicia por una serie de delitos vinculados a una organización criminal que operaba en territorio colombiano.

La mujer era requerida por las autoridades de Colombia, que la señalan como integrante de una red vinculada al denominado Frente de Guerra Oriental (FGO), un grupo armado al que se le atribuyen secuestros y atentados en distintas regiones de ese país.

De acuerdo con la investigación, la sospechosa habría participado en maniobras de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito mediante la utilización de empresas que funcionaban como pantalla para introducir en el sistema financiero fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.

Los investigadores sostienen que, junto a su pareja, conformó un entramado empresarial utilizado para canalizar dinero de origen ilegal y ocultar el destino de esos recursos. Como consecuencia de esas acusaciones, en octubre de 2025 la oficina de INTERPOL en Colombia emitió una notificación roja para lograr su captura internacional.

A partir de ese requerimiento, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina iniciaron una investigación para determinar su paradero. Las tareas permitieron establecer que la mujer se encontraba en una vivienda de la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

Tras reunir la información necesaria, los agentes realizaron un operativo que culminó con su detención. Desde entonces permaneció a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por el Estado colombiano.

Una vez completados los trámites judiciales y diplomáticos correspondientes, la Cancillería argentina notificó a las autoridades colombianas que la detenida estaba en condiciones de ser trasladada. La coordinación del operativo quedó a cargo de las oficinas de Interpol de Buenos Aires y Bogotá.

Finalmente, una comisión policial enviada desde Colombia arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, para asumir la custodia de la acusada y concretar su traslado.

Con su extradición ya ejecutada, la mujer quedó nuevamente a disposición de la Justicia colombiana, que la investiga por presuntas maniobras de lavado de dinero, financiación del terrorismo y operaciones vinculadas al narcotráfico.