Una fiscal suspendida y una investigación estancada: el caso que sacude a la Justicia santafesina

La suspensión de una fiscal por su intervención en un caso de violencia de género que terminó con una mujer asesinada volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial frente a las denuncias de riesgo. La Legislatura de Santa Fe resolvió sancionar a María Verónica Ballari con tres meses de suspensión sin goce de sueldo por su actuación en el expediente que tuvo como víctima a Ailén Oggero, una enfermera rosarina de 32 años que había denunciado reiterados episodios de violencia por parte de su expareja antes de ser asesinada, en febrero de 2025.

La decisión legislativa se basó en la evaluación de las actuaciones previas al crimen. Según los fundamentos de la sanción, las denuncias formuladas por Oggero describían situaciones de extrema gravedad que requerían una respuesta más contundente por parte del sistema de Justicia.

El caso había generado una fuerte conmoción en Rosario no sólo por la violencia del asesinato, sino también por los antecedentes que habían sido puestos en conocimiento de las autoridades antes del ataque fatal.

La resolución implica que Ballari permanecerá apartada de sus funciones durante tres meses y no percibirá salario durante ese período. Sin embargo, la fiscal cuestionó duramente la medida y sostuvo que se la está responsabilizando por un hecho cuya autoría aún no fue esclarecida.

“Demuestra una vez más que los fiscales no pueden estar bajo control político”, afirmó tras conocerse la sanción. En la misma línea, aseguró que “responsabilizan a una fiscal por un femicidio que no ocurrió, porque está demostrado que la ex pareja de Ailén Oggero no fue quien la mató”.

La defensa de la funcionaria también salió al cruce de la decisión. Su abogado, Gustavo Franceschetti, adelantó que presentará recursos ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la sanción.

El trasfondo del conflicto está ligado a una causa que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no logró identificar al autor material del crimen. Horas después del asesinato de Oggero, su expareja fue detenida e imputada por hechos vinculados a la violencia de género que la mujer había denunciado previamente. No obstante, nunca fue acusado formalmente por el homicidio.

Meses más tarde, el hombre fue condenado mediante un juicio abreviado a cuatro años y seis meses de prisión por esos episodios de violencia, una sentencia que confirmó la existencia de conductas agresivas contra la víctima, aunque sin vincularlo penalmente con el asesinato.

Ese dato es uno de los ejes centrales de la discusión. Mientras los legisladores entendieron que la actuación fiscal frente a las denuncias previas resultó insuficiente, Ballari sostiene que se le atribuye responsabilidad institucional por un crimen que aún permanece impune y cuya autoría no fue determinada por la Justicia.

La investigación por el asesinato de Oggero continúa prácticamente paralizada. Entre las hipótesis que todavía sobreviven en el expediente figura la posibilidad de que la expareja haya tenido algún grado de participación en el hecho, aunque también se analiza un escenario con más de un involucrado, donde habría existido un instigador y una persona encargada de ejecutar el crimen.

Con el expediente sin avances significativos y sin responsables identificados por el homicidio, la suspensión de la fiscal abrió un nuevo frente de debate en Santa Fe: hasta dónde llega la responsabilidad de los funcionarios judiciales cuando una víctima de violencia de género había advertido previamente sobre el peligro que corría y el desenlace termina siendo irreversible.