Alquileres y desalojos en 5 días: el proyecto de Milei que se cayó en el Senado

La protección de la propiedad privada fue uno de los diez puntos incluidos en el Pacto de Mayo firmado en 2024 por el presidente Javier Milei y la mayoría de los gobernadores.

En línea con ese compromiso, el Gobierno impulsó un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, entre otros aspectos, busca modificar de manera profunda los procedimientos de desalojo en todo el país.

La iniciativa debía ser tratada esta semana en el Senado, pero el oficialismo decidió retirarla del temario al advertir que no contaba con los votos necesarios para aprobarla.

Pese al revés legislativo, el texto seguirá siendo objeto de negociación debido a que constituye una de las reformas institucionales consideradas prioritarias por la Casa Rosada.

Qué dice actualmente la legislación

En la actualidad, los juicios de desalojo suelen desarrollarse mediante procesos que pueden extenderse durante varios meses o incluso años, dependiendo de la jurisdicción y de las instancias recursivas.

Los propietarios deben acreditar judicialmente el derecho a recuperar el inmueble y, en la práctica, las medidas anticipadas de restitución suelen tener una aplicación limitada. Además, los ocupantes pueden plantear diversas defensas y producir una amplia gama de pruebas durante el proceso.

La principal novedad: la restitución anticipada

El proyecto propone que, cuando una demanda se dirija contra intrusos, el juez pueda ordenar la entrega inmediata del inmueble una vez iniciada la causa, siempre que el derecho invocado por el demandante resulte verosímil.

La medida debería resolverse en apenas cinco días y podría adoptarse antes de que exista una sentencia definitiva. El oficialismo sostiene que esto permitirá desalentar las usurpaciones y reducir los tiempos judiciales para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente.

Cambios en los conflictos entre propietarios e inquilinos

La iniciativa también modifica los casos vinculados a alquileres. Cuando el motivo del desalojo sea la falta de pago o el vencimiento del contrato, el propietario podría solicitar una desocupación anticipada bajo un procedimiento abreviado.

Actualmente, esos conflictos suelen tramitarse mediante procesos más extensos, donde la discusión judicial continúa hasta la sentencia. El proyecto busca reducir significativamente esos plazos.

A la vez, incorpora sanciones para los propietarios que obtengan medidas de desalojo ocultando información relevante, como pagos realizados por el inquilino o documentación contractual.

Menos pruebas y más rapidez procesal

Otro cambio importante es la limitación de la prueba admisible. Mientras que hoy pueden producirse diversos medios probatorios, la reforma establece que en los casos de falta de pago o vencimiento contractual solamente podrán utilizarse pruebas documentales y periciales.

Según el Gobierno, la medida busca evitar maniobras dilatorias. Los críticos sostienen que podría restringir posibilidades de defensa en determinados casos.

Inspecciones tempranas y mayor intervención judicial

El proyecto obliga además a que el juez disponga una inspección judicial dentro de las primeras 72 horas desde el inicio del expediente.

La intención es identificar rápidamente a quienes ocupan el inmueble y dejar constancia de las condiciones de ocupación.

Asimismo, amplía facultades para oficiales de justicia, quienes podrían requerir auxilio de la fuerza pública, identificar ocupantes y solicitar documentación para ejecutar las órdenes judiciales.

Un debate que enfrenta seguridad jurídica y garantías procesales

Para el Gobierno, la reforma corrige un sistema que considera lento e ineficaz para proteger a los propietarios.

Sin embargo, sectores opositores, asociaciones de inquilinos y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda advierten que algunos mecanismos podrían afectar garantías procesales y facilitar desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.

Ese equilibrio entre protección de la propiedad y derecho a la defensa aparece como uno de los principales puntos de discusión de cara a una futura negociación parlamentaria.