La Corte rechazó apartar a los jueces de la causa por fondos universitarios

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del Gobierno de Javier Milei para apartar a los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades nacionales y permitió que continúe el expediente impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Estado.

La decisión representa un nuevo traspié judicial para la Casa Rosada en una disputa que se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto con el sistema universitario. El expediente busca que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, cuya aplicación permanece trabada desde hace meses.

La resolución,desestimó una queja presentada por el Estado nacional contra fallos previos que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un integrante de la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

El origen de la disputa

La controversia se originó a partir del amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de universidades nacionales contra el decreto 759/2025. A través de esa norma, el Poder Ejecutivo dispuso que la ley de financiamiento universitario sólo podría ejecutarse una vez que se definiera una fuente específica de recursos y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Las universidades sostienen que esa decisión impide la aplicación efectiva de una norma sancionada por el Congreso y reclaman que el Estado garantice los fondos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio y para recomponer los salarios de docentes y no docentes.

En ese contexto, el Gobierno intentó apartar al juez Cormick al señalar que se desempeña como docente en universidades públicas que forman parte del colectivo demandante. También cuestionó la participación de un magistrado de Cámara por razones similares e incluso solicitó que los propios ministros de la Corte se excusaran de intervenir en el expediente.

La respuesta del máximo tribunal

Los integrantes de la Corte rechazaron esos argumentos y sostuvieron que no existe ninguna causal válida que justifique el apartamiento de los magistrados. En el fallo remarcaron que el ejercicio de la docencia en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio.

Además, recordaron que los mecanismos de recusación y excusación tienen carácter excepcional y deben aplicarse de manera restrictiva para preservar el principio constitucional del juez natural. También descartaron el pedido para que los propios miembros del tribunal se apartaran de la causa al señalar que la facultad de excusación corresponde exclusivamente a los jueces y no puede ser impulsada por las partes.

Por último, consideraron que el recurso extraordinario presentado por el Estado no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, motivo por el cual resolvieron desestimarlo.

Negociaciones trabadas y expectativa por el fallo de fondo

La decisión judicial llega en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales. Hace pocos días, el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento salarial del 21% al Consejo Interuniversitario Nacional en el marco de las negociaciones abiertas por el conflicto presupuestario.

La propuesta fue rechazada por las autoridades universitarias, que la calificaron como insuficiente y remarcaron que no resuelve el reclamo central: la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación del poder adquisitivo perdido por docentes y trabajadores no docentes desde fines de 2023.

Dentro del sistema universitario existe además la convicción de que la oferta oficial estuvo vinculada a la expectativa de una definición judicial inminente. Diversos sectores interpretaron el acercamiento del Gobierno como una estrategia para intentar descomprimir el conflicto ante la posibilidad de un fallo adverso de la Corte sobre el fondo de la cuestión.

Un conflicto que sigue creciendo

Mientras la causa avanza en los tribunales, la crisis universitaria continúa profundizándose. Según datos difundidos por las propias universidades, durante el primer cuatrimestre de 2026 el presupuesto destinado al sistema universitario registró una caída real del 7,9% respecto del año anterior y del 30,7% en comparación con 2023.

A eso se suma el deterioro salarial. Los gremios sostienen que los ingresos de docentes y no docentes acumulan una fuerte pérdida frente a la inflación y advierten sobre un creciente éxodo de profesionales hacia otros sectores de actividad.

En paralelo, sectores del CIN ya analizan nuevas medidas judiciales y no descartan impulsar denuncias contra funcionarios nacionales por presunto incumplimiento de decisiones judiciales si el conflicto continúa sin resolverse.

Con el rechazo de la Corte a los pedidos de apartamiento, la causa seguirá su curso con los mismos magistrados cuestionados por el Gobierno y mantiene abierta una disputa que combina reclamos presupuestarios, tensiones políticas y una creciente batalla judicial entre la administración de Javier Milei y las universidades nacionales.