Crisis social
05/06/2026 - Edición Nº1214
Política
Congreso
Barrios populares: qué dice la reforma de Milei que se trabó en el Senado
05/06/2026 | El tema forma parte de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se iba a aprobar ayer pero el oficialismo no tenía todavía los números.
La reforma busca trasladar buena parte de esa responsabilidad a las jurisdicciones provinciales y municipales.
Uno de los capítulos más sensibles del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada apunta a modificar la Ley 27.453, norma sancionada en 2018 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de los barrios populares registrados en el RENABAP.
La iniciativa forma parte del paquete legislativo impulsado por el Gobierno nacional y se iba a tratar ayer en el Senado, pero el oficialismo retiró el tema a último momento porque no contaba todavía con los votos suficientes.
Qué establece hoy la ley vigente
La Ley 27.453 fue diseñada para promover la urbanización y regularización dominial de los asentamientos populares identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares.
La normativa declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación numerosos inmuebles donde se encuentran asentadas familias de bajos recursos, con el objetivo de facilitar posteriormente la entrega de títulos de propiedad y la integración urbana.
También creó mecanismos específicos para financiar obras de infraestructura y avanzar en la regularización de tierras ocupadas.
Qué quiere modificar el Gobierno
El proyecto mantiene el objetivo de integración socio urbana, pero elimina buena parte de los instrumentos que hoy permiten avanzar sobre la regularización dominial.
Entre otras medidas, deroga artículos centrales vinculados a expropiaciones, adquisición de inmuebles y herramientas específicas creadas por la ley actual.
En reemplazo de ese esquema, propone que Nación, provincias y municipios desarrollen mecanismos propios utilizando instrumentos jurídicos ya existentes, como convenios urbanísticos, prescripción adquisitiva administrativa o declaraciones de vacancia.
“Lejos de lograr su objetivo, luego de más de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita”, se señala en el proyecto sobre la ley vigente.
Menos intervención nacional
Otra diferencia importante es el cambio de enfoque respecto del papel del Estado nacional.
Mientras la ley vigente otorga una participación activa al Gobierno nacional en los procesos de regularización, la reforma busca trasladar buena parte de esa responsabilidad a las jurisdicciones provinciales y municipales.
Según el oficialismo, esto permitirá adaptar las soluciones a las realidades locales y respetar con mayor rigor el derecho de propiedad.
Auditorías obligatorias
La iniciativa incorpora además un mecanismo de control permanente. La Auditoría General de la Nación pasaría a supervisar anualmente la ejecución presupuestaria y las obras realizadas con fondos nacionales dentro de los programas de integración socio urbana.
El Gobierno argumenta que esta modificación apunta a reforzar la transparencia en el uso de recursos públicos.
