Del giro 2020 al proyecto de Milei: qué pasa con la Ley de Manejo del Fuego

La modificación de la Ley de Manejo del Fuego es otro de los capítulos incluidos en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Gobierno nacional no logró llevar a votación en el Senado.

Aunque se trata de una reforma menos extensa que otras contenidas en la iniciativa, concentra buena parte de las críticas de organizaciones ambientales y sectores de la oposición debido a sus posibles efectos sobre los terrenos afectados por incendios.

Cómo funciona la ley vigente

La Ley 26.815 fue modificada en 2020 tras una serie de incendios que afectaron bosques, humedales y áreas rurales en distintas provincias.

Aquella reforma incorporó restricciones que impiden modificar durante largos períodos el uso de los terrenos incendiados.

En términos generales, el objetivo fue evitar que los incendios intencionales se utilizaran como mecanismo para habilitar desarrollos inmobiliarios, emprendimientos productivos o cambios de explotación económica.

Qué mantiene el proyecto

La iniciativa del Gobierno no elimina completamente las restricciones. El texto conserva la prohibición de modificar el uso de los bosques nativos afectados por incendios y mantiene la obligación de respetar las categorías de conservación establecidas en los ordenamientos territoriales provinciales.

También incorpora obligaciones para fortalecer la prevención, la vigilancia, la detección temprana y la investigación de incendios.

Qué elimina

La principal modificación consiste en la derogación de los artículos 22 ter y 22 quater de la ley vigente.

Esos artículos establecen prohibiciones temporales para modificar usos de determinadas superficies incendiadas, incluyendo áreas agrícolas, ganaderas, forestales y zonas destinadas a emprendimientos inmobiliarios.

Para los críticos de la reforma, eliminar esas restricciones podría abrir la puerta a cambios de uso del suelo en plazos más breves.

La posición del Gobierno

El oficialismo sostiene que las limitaciones incorporadas en 2020 resultan excesivas y afectan derechos de propiedad sin resolver efectivamente el problema de los incendios intencionales.

Por ese motivo, plantea concentrar los esfuerzos estatales en prevención, control, vigilancia e investigación de delitos ambientales.

La nueva redacción también obliga a promover programas de restauración y recomposición de ecosistemas afectados por el fuego.

“Se elimina la restricción que afecta a los propietarios de dos modos distintos. Por un lado, sufren las pérdidas derivadas del incendio y por el otro, quedan impedidos durante décadas de adaptar el uso de sus tierras, lo que restringe severamente su capacidad de recuperación económica y reduce significativamente el valor de sus inmuebles”, se señala en los fundamentos.

En definitiva, “resulta respetuoso del derecho de propiedad y más eficiente para la protección ambiental fortalecer el régimen preventivo en conjunto con la obligación de recomponer el daño ambiental. De este modo, se respetan los límites constitucionales resguardando el contenido esencial del derecho de cada propietario, sin reducir la protección vigente para el medioambiente; protección que, lejos de disminuirse, se adecua a fin de que sea más eficaz”.

Un tema que divide posiciones

La discusión enfrenta dos visiones distintas. Por un lado, quienes consideran que las restricciones actuales son necesarias para evitar especulación inmobiliaria o productiva luego de incendios.

Por otro, quienes sostienen que esas limitaciones castigan a propietarios que sufrieron pérdidas sin haber tenido responsabilidad alguna en el origen del fuego.

La falta de acuerdos políticos llevó al Gobierno a postergar el debate, pero la reforma sigue formando parte de las iniciativas que el oficialismo pretende reimpulsar dentro de su agenda vinculada a la defensa de la propiedad privada.