El gobierno de Péter Magyar dio su primer golpe en materia migratoria con una decisión que busca sonar firme, pero que deja al descubierto una contradicción económica: Hungría necesita cuidar el empleo local, sí, pero también necesita sostener sectores que ya dependen de mano de obra extranjera. Desde el viernes, Budapest dejará de emitir permisos laborales a trabajadores de Filipinas, Georgia y Armenia, según informó Reuters tras el anuncio oficial de la vocera Vanda Szondi.
La Casa de Gobierno presentó la medida como una corrección frente al ingreso de “trabajadores invitados” y como defensa de los salarios húngaros. El problema es que el diagnóstico parece más electoral que productivo: los trabajadores extranjeros representan apenas cerca del 2% de la fuerza laboral, aunque servicios y manufactura tienen una dependencia mayor en áreas puntuales.
La restricción no elimina todos los permisos laborales para extranjeros, sino que apunta al esquema específico de residencia para “guest workers”, utilizado por empresas preferenciales y agencias calificadas de trabajo temporal. La propia normativa migratoria húngara define ese canal como una vía para trabajadores de terceros países contratados bajo relación laboral o por agencias autorizadas.
Ahí está el núcleo de la crítica: Magyar vende la medida como control soberano, pero en la práctica interviene sobre un engranaje laboral concreto sin presentar todavía una alternativa seria para cubrir vacantes. Incluso análisis migratorios especializados advierten que el decreto afecta solo a este tipo específico de residencia, mientras otros permisos siguen vigentes.

El nuevo gobierno hereda un país que ya venía endureciendo sus reglas migratorias: desde enero de 2025, Hungría había limitado fuertemente los países habilitados para estos permisos, con Georgia y Armenia en la lista y Filipinas incorporada por una vía reconocida posteriormente.

Pero una cosa es ordenar el sistema y otra usarlo como gesto político de corto plazo. Si el objetivo era mejorar salarios, el gobierno debió acompañar la restricción con incentivos a contratación local, capacitación sectorial y transición para empresas. Sin ese paquete, la decisión corre el riesgo de convertirse en lo que Magyar prometía superar: política de impacto, administración débil y más incertidumbre para quienes producen.