El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, volvió a poner bajo la lupa una votación legislativa ocurrida hace casi una década. En las últimas horas comenzó a circular nuevamente en redes sociales la lista de diputados nacionales que votaron en contra de la ley que limitó las salidas transitorias, la libertad condicional y otros beneficios para condenados por delitos contra la integridad sexual.
La discusión remite al debate parlamentario que se desarrolló entre 2016 y 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el Congreso modificó la Ley de Ejecución Penal y endureció las condiciones para quienes cometieran delitos considerados graves.
La iniciativa modificó la Ley 24.660 y estableció restricciones para el acceso a beneficios penitenciarios en casos de delitos sexuales, homicidios dolosos, secuestros extorsivos, trata de personas, torturas seguidas de muerte y robos agravados, entre otros.
Además, incorporó cambios al Código Penal para impedir que quienes fueran condenados por delitos contra la integridad sexual pudieran acceder a la libertad condicional.
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2016 y fue convertido en ley por el Senado en julio de 2017. Desde entonces permanece vigente.
La media sanción en Diputados se aprobó con 134 votos afirmativos, 69 negativos, una abstención y 52 ausentes.
A favor votaron los bloques que integraban Cambiemos, sectores del peronismo no kirchnerista alineados con Sergio Massa, legisladores del Bloque Justicialista y representantes de partidos provinciales.
Los votos negativos provinieron principalmente del entonces Frente para la Victoria-PJ, del Frente de Izquierda, además de algunos integrantes de Libres del Sur, Proyecto Sur y otras bancadas minoritarias.
La lista que volvió a difundirse en redes sociales corresponde efectivamente a esa sesión y ya había sido verificada anteriormente por distintos medios especializados en chequeo de datos.
Este es la gente que voto en contra de la cárcel efectiva para violadores..
— Eldipypapaok (@eldipypapaok) August 8, 2021
👇 pic.twitter.com/pzYPBrWhKC
Durante el debate, los legisladores que se opusieron al proyecto sostuvieron que el endurecimiento de las penas y la restricción de beneficios penitenciarios no resolvían los problemas estructurales vinculados a la reincidencia.
Uno de los discursos más recordados fue el del entonces diputado Rodolfo Tailhade, quien argumentó que eliminar etapas progresivas del cumplimiento de la pena podía dificultar la reinserción social de los condenados.
La postura de ese sector se apoyó en la idea de que el sistema penitenciario debía conservar mecanismos graduales para preparar el regreso de los detenidos a la vida en libertad.
El asesinato de Agostina Vega volvió a colocar esa discusión en el centro de la agenda pública. Mientras algunos sectores remarcan que la ley permitió endurecer el régimen para delitos sexuales, otros sostienen que el problema sigue siendo la aplicación efectiva de las normas vigentes y el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.
Más allá de las posiciones políticas, el caso reabrió un debate que atraviesa desde hace años al Congreso: cómo equilibrar la reinserción social de los condenados con las demandas de seguridad y prevención de delitos especialmente graves.
A casi diez años de aquella votación, los nombres de quienes acompañaron o rechazaron la reforma volvieron a ocupar el centro de la escena política impulsados por una tragedia que conmocionó al país.