El mapa de reclamos en Argentina: dónde sí te pueden defender y dónde no

Más de 12 millones de argentinos viven actualmente en jurisdicciones donde no existe una Defensoría del Pueblo o donde el organismo carece de financiamiento identificable. Así lo advirtió un informe elaborado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo, que además reveló fuertes desigualdades entre las provincias en materia de recursos, acceso institucional y capacidad de defensa de derechos.

El relevamiento abarcó las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Entre las conclusiones más preocupantes figura que Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no cuentan con la figura del Defensor del Pueblo, mientras que en Tierra del Fuego la situación institucional aparece como incierta. A nivel nacional, el Congreso acumula 17 años sin designar al Defensor del Pueblo de la Nación.

El estudio también señala que siete jurisdicciones carecen de partidas presupuestarias identificables para sostener la función defensorial. Esta situación deja a millones de ciudadanos sin acceso garantizado a una herramienta clave para canalizar reclamos frente a abusos, irregularidades o vulneraciones de derechos.

Concentración de recursos y vacancias institucionales

El informe expone además una fuerte concentración de recursos. Según los datos relevados, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 91% de los fondos destinados a las Defensorías del Pueblo en todo el país.

En el caso de la Nación, la inversión prevista para 2026 equivale a apenas 330 pesos por habitante, una cifra que, según el estudio, resulta inferior a la que destinan provincias con presupuestos considerablemente menores.

La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, cuestionó la escasa asignación de recursos y advirtió que la situación limita la capacidad real de defender derechos. “La Defensoría del Pueblo de la Nación invierte el monto más bajo de todo el país. Incluso provincias como Chaco y Córdoba destinan más recursos por ciudadano. Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto”, sostuvo.

Las Defensorías del Pueblo cumplen funciones vinculadas a la protección de derechos ciudadanos, la recepción de reclamos, la defensa de consumidores y usuarios, el control de la administración pública y la representación colectiva en distintas causas. También intervienen en conflictos relacionados con servicios públicos, vivienda, salud, educación y derechos electorales.

El informe concluye que las vacancias institucionales, la falta de financiamiento y la concentración de recursos profundizan las desigualdades territoriales y debilitan uno de los principales mecanismos de control ciudadano previstos dentro del sistema democrático argentino.