Revolución Libertadora y fusilamientos de José León Suárez: la causa que esperó 70 años

A casi siete décadas de los fusilamientos perpetrados por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, la Justicia Federal iniciará el próximo 17 de junio un juicio por la verdad destinado a reconstruir los hechos de la denominada Masacre de José León Suárez y determinar su carácter de crimen de lesa humanidad.

El proceso se desarrollará en el auditorio municipal Hugo del Carril, a pocos metros del lugar donde ocurrieron las ejecuciones que Rodolfo Walsh inmortalizó en su obra Operación Masacre. La audiencia por la memoria histórica será encabezada por la jueza federal Alicia Vence y constituye el resultado de décadas de lucha de familiares y organismos de derechos humanos que la impulsaron, pese a que todos los responsables directos ya fallecieron. 

"No habrá condenas porque los responsables murieron hace años, pero sí puede haber una sentencia histórica que establezca la verdad de lo ocurrido", sostienen quienes promovieron la causa. Los impulsores consideran que la represión desplegada por la Revolución Libertadora inauguró prácticas represivas que alcanzaron su máxima expresión en 1976.

La noche en que el Estado decidió fusilar

La historia comenzó la noche del 9 de junio de 1956. Mientras el boxeador argentino Eduardo Lausse combatía en el Luna Park frente al chileno Humberto Loayza, un grupo de hombres se reunió en una vivienda de Florida, partido de Vicente López, para escuchar la pelea por radio.

Algunos de ellos simpatizaban con el movimiento que intentaba restaurar el orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón. Sin embargo, varios ni siquiera participaban de la conspiración militar encabezada por Valle y Raúl Tanco.

La Policía Bonaerense irrumpió en la vivienda y detuvo a los presentes. Horas más tarde, por orden de las autoridades policiales de la dictadura, los detenidos fueron trasladados a un basural de José León Suárez y sometidos a un fusilamiento clandestino.

Años después, el periodista Rodolfo Walsh reconstruyó los hechos a partir de los testimonios de los sobrevivientes y reveló que las ejecuciones se habían realizado antes de que la ley marcial fuera oficialmente difundida. Esa investigación se convirtió en una de las obras fundamentales del periodismo argentino y en una denuncia temprana contra el terrorismo de Estado.

Setenta años de lucha contra la impunidad

Entre quienes impulsaron el juicio se encuentran los hijos y nietos de las víctimas. Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, uno de los ferroviarios fusilados, tenía apenas dos años cuando asesinaron a su padre.

Durante décadas, los familiares enfrentaron el silencio institucional y la ausencia de investigaciones judiciales formales. Recién en 2022, inspirados por el antecedente del juicio por la verdad realizado por la Masacre de Napalpí, presentaron una denuncia para que los fusilamientos fueran investigados como delitos de lesa humanidad.

El abogado Alberto Palacios, representante de los familiares, sostiene que el proceso busca mucho más que una reconstrucción histórica. "La reparación más importante es que un tribunal establezca judicialmente qué ocurrió y quiénes fueron las víctimas", argumentó.