Ampliaron el pedido de juicio político a Milei: qué pasa en el Atlántico Sur

El diputado nacional Juan Marino presentó una ampliación del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, incorporando una serie de hechos vinculados a un acuerdo de cooperación militar y tecnológica entre la Argentina y los Estados Unidos para la vigilancia marítima en el Atlántico Sur.

La iniciativa se suma al expediente de juicio político ya impulsado anteriormente por el legislador y plantea cuestionamientos sobre soberanía, control legislativo y política de defensa nacional.

Según el proyecto, los nuevos elementos incorporados a la denuncia giran en torno al denominado "Protecting Global Commons Program", una iniciativa presentada por autoridades estadounidenses como un programa de fortalecimiento de la seguridad marítima en el Atlántico Sur.

Marino sostiene que la implementación de este esquema podría haberse realizado sin la intervención del Congreso Nacional y advierte sobre eventuales riesgos para la soberanía argentina.

Qué cuestiona Juan Marino

En la ampliación del pedido de juicio político, el diputado sostiene que el programa habría comenzado mediante una Carta de Intención firmada entre representantes de la Armada Argentina y autoridades navales del Comando Sur de Estados Unidos y de la Cuarta Flota estadounidense.

De acuerdo con la documentación presentada, el acuerdo tendría una proyección de cinco años e incluiría transferencia de equipamiento, entrenamiento, interoperabilidad y desarrollo de capacidades de vigilancia marítima.

Marino argumenta que la cuestión no radica en la necesidad de fortalecer el control del Mar Argentino o combatir la pesca ilegal, sino en la forma en que se habría estructurado la cooperación internacional.

En ese sentido, señala que la incorporación de tecnología, asistencia militar extranjera y eventuales mecanismos de intercambio de información estratégica requerirían un mayor control institucional y legislativo.

El debate por la soberanía en el Atlántico Sur

Uno de los principales cuestionamientos del legislador está relacionado con la denominación del programa. Marino sostiene que el concepto de "bienes comunes globales" utilizado por las autoridades estadounidenses podría entrar en tensión con la posición histórica de la Argentina respecto de sus derechos soberanos sobre el Atlántico Sur y la Cuestión Malvinas.

En el proyecto se plantea que el Congreso debería analizar si la utilización de esa categoría puede afectar la interpretación de los derechos argentinos sobre la Zona Económica Exclusiva, la plataforma continental y los espacios marítimos vinculados al reclamo sobre las Islas Malvinas.

Asimismo, la presentación advierte sobre la necesidad de garantizar que toda la información estratégica obtenida mediante sistemas de vigilancia marítima permanezca bajo control exclusivo del Estado argentino. El documento menciona posibles interrogantes sobre el almacenamiento, procesamiento y eventual acceso a esos datos por parte de organismos extranjeros.

Equipamiento militar y sistemas de vigilancia

Entre los aspectos señalados en la ampliación del pedido figuran versiones periodísticas sobre la incorporación de sensores multiespectrales, drones, sistemas de comando y control, simuladores de vuelo y aeronaves destinadas a tareas de vigilancia marítima. También se menciona la posible vinculación del programa con mecanismos de asistencia militar previstos en la legislación estadounidense.

Según el texto presentado por Marino, estas capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento permiten recolectar información estratégica sobre actividades pesqueras, movimientos navales, rutas marítimas y otros recursos considerados sensibles para la defensa nacional.

La relación con otros acuerdos firmados durante la gestión Milei

La ampliación del juicio político también vincula este programa con una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia de defensa y cooperación militar con Estados Unidos. Entre ellas menciona la relación con el Comando Sur, visitas de autoridades militares estadounidenses a Ushuaia, ejercicios conjuntos y acuerdos de cooperación estratégica desarrollados desde 2024.

Para el legislador, estos antecedentes forman parte de una misma línea de política exterior y de defensa que, según su interpretación, profundiza la cooperación con Washington en áreas vinculadas al Atlántico Sur.

Las causales invocadas para el juicio político

En el documento, Marino sostiene que los hechos denunciados podrían configurar causales de mal desempeño previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Entre ellas enumera una eventual afectación de las facultades del Congreso, posibles impactos sobre la soberanía nacional, riesgos vinculados al manejo de información estratégica y presuntas irregularidades relacionadas con el régimen de defensa, seguridad e inteligencia.

El diputado también solicita que la Comisión de Juicio Político requiera documentación oficial sobre el programa, los acuerdos firmados, el equipamiento involucrado, los protocolos de manejo de información y los dictámenes jurídicos que hayan intervenido en el proceso. Además, propone convocar a funcionarios nacionales y especialistas para aportar información durante una eventual investigación legislativa.

Qué pide el proyecto

La iniciativa concluye solicitando que se incorpore formalmente esta nueva denuncia al expediente de juicio político ya existente contra Javier Milei y que se investiguen los alcances del "Protecting Global Commons Program" y de los acuerdos de cooperación militar asociados.

También reclama que el Poder Ejecutivo remita toda la documentación vinculada al programa y a los mecanismos de asistencia tecnológica y de seguridad marítima desarrollados en el Atlántico Sur.