Interna peronista
08/06/2026 - Edición Nº1217
Política
Fallido anuncio
Alberto Fernández, Vicentín y duro golpazo: qué pasó el 8 de junio de 2020
08/06/2026 | Patricia Bullrich lideró el rechazo a la posible expropiación. Cacerolazos y un fuerte banderazo. Fue un fuerte traspié simbólico para el Gobierno.
Alberto Fernández durante el anuncio de intervención de Vicentín.
Hace exactamente seis años, el 8 de junio de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández protagonizaba uno de los anuncios más resonantes y polémicos de su mandato: la intervención de la agroexportadora Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiarla.
La decisión fue presentada por el Gobierno nacional como una medida destinada a rescatar a una empresa estratégica para la economía argentina, preservar miles de puestos de trabajo y evitar que uno de los principales actores del comercio de granos del país terminara en manos extranjeras.
Sin embargo, la iniciativa generó una fuerte reacción política, judicial y social que terminó frustrando los planes oficiales.
Seis años después, aquel episodio sigue siendo recordado como uno de los mayores conflictos entre el Gobierno de Fernández y el sector agropecuario, además de convertirse en un caso emblemático sobre los límites de la intervención estatal en empresas privadas.
Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo.
— Alberto Fernández (@alferdez) June 8, 2020
Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía. pic.twitter.com/0Ubz0GR5Yd
El anuncio que sorprendió al país
Poco después de las cinco de la tarde del 8 de junio de 2020, Alberto Fernández apareció en la Quinta de Olivos acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti; y el economista Gabriel Delgado, designado como interventor de la compañía.
Durante la conferencia de prensa, el Presidente anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir Vicentin y adelantó que enviaría al Congreso un proyecto de ley para declarar a la empresa de utilidad pública y avanzar con su expropiación.
"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores", sostuvo Fernández, quien aseguró que la medida permitiría garantizar la continuidad de la firma, proteger los empleos y brindar una salida a miles de productores afectados por la crisis de la cerealera.
El mandatario también afirmó que la decisión representaba "un paso hacia la soberanía alimentaria" y defendió la necesidad de que el Estado contara con "una empresa testigo" en el mercado de granos.
La crisis que desencadenó la intervención
Para entender el anuncio hay que retroceder algunos meses. Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país y una de las empresas más importantes del sector agroindustrial argentino, había comunicado el 5 de diciembre de 2019 que atravesaba una situación de "estrés financiero" que le impedía cumplir con sus compromisos de pago.
Pocos días después declaró la cesación de pagos y comenzó a acumular reclamos de productores, cooperativas, bancos y acreedores de todo tipo.
La magnitud del problema era enorme. La compañía arrastraba una deuda estimada en más de 1.300 millones de dólares y el principal acreedor era el Banco Nación, que durante la gestión de Mauricio Macri le había otorgado créditos por más de 18.000 millones de pesos.
En febrero de 2020, la empresa solicitó formalmente la apertura del concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Santa Fe, mientras crecían las sospechas sobre presuntas irregularidades financieras y el otorgamiento de créditos.
El argumento oficial: evitar la quiebra y crear una "empresa testigo"
Desde el Gobierno sostenían que la intervención era necesaria para impedir la quiebra de la compañía y evitar que sus activos terminaran siendo adquiridos por grandes multinacionales del comercio de granos.
La administración de Alberto Fernández consideraba que la participación estatal permitiría mantener operativa una empresa estratégica para la generación de divisas y para el funcionamiento del mercado agroexportador.
Kulfas llegó a plantear que Vicentin podía transformarse en una "empresa testigo" no sólo en el mercado de granos sino también en el mercado cambiario, debido a la influencia que tienen las exportaciones agroindustriales sobre el ingreso de dólares al país.
El proyecto oficial contemplaba que la firma pasara a integrar un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, replicando un modelo de gestión mixta bajo control estatal.
Gabriel Delgado, el hombre elegido para conducir el proceso
Para encabezar la intervención, el Gobierno eligió a Gabriel Delgado, economista especializado en temas agropecuarios, ex secretario de Agricultura durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y profesional con una extensa trayectoria en el INTA.
Delgado era considerado una figura respetada dentro de amplios sectores del agro y contaba con experiencia en financiamiento de proyectos y desarrollo rural.
Su nombramiento buscaba enviar una señal de moderación y profesionalismo en medio de una medida que ya despertaba fuertes cuestionamientos.
Nos roban 90 años de sacrificio, dijo el intendente. El Presidente encubre la expropiación de Vicentin como un capitalismo más ético. Avasalla a quienes construyeron el país trabajando y los reemplaza por funcionarios de dudoso compromiso. No tiene nada de ético ni de capitalismo
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 10, 2020
El rechazo del campo, la oposición y parte de la sociedad
La reacción fue inmediata. Entidades agropecuarias, dirigentes opositores, empresarios y organizaciones civiles cuestionaron la intervención y rechazaron la posibilidad de una expropiación.
Juntos por el Cambio denunció que la iniciativa implicaba un avance del Estado sobre la propiedad privada, mientras que distintas entidades rurales expresaron preocupación por el precedente que podía generar la medida.
Las protestas se multiplicaron en distintas ciudades del país. Hubo movilizaciones, caravanas, bocinazos y cacerolazos, especialmente en Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
El 20 de junio de 2020, Día de la Bandera, miles de personas participaron de manifestaciones contra la expropiación de Vicentin, convirtiendo el tema en uno de los principales ejes de la discusión política nacional.
La marcha atrás del Gobierno
A medida que avanzaban las semanas, la resistencia política, social y judicial fue complicando los planes oficiales.
En paralelo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, impulsó una alternativa para intentar rescatar la compañía sin recurrir a la expropiación.
La propuesta contemplaba una intervención coordinada por la provincia santafesina dentro del marco del concurso preventivo.
Mientras tanto, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, adoptó decisiones que limitaron el alcance de la intervención nacional y restituyeron facultades al directorio de la empresa.
El escenario terminó debilitando la estrategia del Gobierno, que finalmente dejó de impulsar activamente el proyecto de expropiación.
Qué pasó finalmente con Vicentin
La expropiación nunca se concretó. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo jamás logró avanzar en el Congreso y terminó perdiendo impulso político.
La compañía continuó transitando su complejo proceso concursal bajo supervisión judicial en la provincia de Santa Fe, mientras se sucedieron distintas propuestas de reestructuración y planes para saldar las deudas con sus acreedores.
Durante estos años, el expediente estuvo atravesado por múltiples controversias judiciales, investigaciones por presuntas maniobras fraudulentas, disputas entre acreedores y debates sobre el futuro de los activos de la empresa.
Seis años después de aquel anuncio histórico, Vicentin sigue siendo uno de los casos empresariales y judiciales más relevantes de la Argentina reciente, mientras que la intervención y la fallida expropiación permanecen como uno de los episodios más recordados y controvertidos de la presidencia de Alberto Fernández.
