La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que propone ampliar la compatibilidad entre diversas pensiones no contributivas y el trabajo registrado, con el objetivo de promover la inclusión laboral de sectores considerados vulnerables y evitar que el acceso a un empleo formal implique la pérdida de beneficios sociales.
La iniciativa alcanza a titulares de pensiones para madres de siete hijos o más, beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), personas que perciben pensiones vinculadas al VIH y las hepatitis B y C, y titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
Según argumenta la legisladora en los fundamentos del proyecto, la normativa vigente genera en muchos casos barreras para la inserción laboral formal, ya que los beneficiarios pueden perder sus prestaciones si superan determinados límites de ingresos o si acceden a un empleo registrado.
La propuesta parte de una premisa central: que las pensiones no contributivas deben funcionar como una herramienta de protección social y no convertirse en un obstáculo para el acceso al mercado laboral.
En ese sentido, Tolosa Paz sostiene que numerosos beneficiarios enfrentan el dilema de optar entre conservar una prestación social o aceptar un empleo formal, una situación que, según plantea, termina incentivando la informalidad laboral y limitando las oportunidades de desarrollo económico.
La iniciativa busca modificar distintas leyes y decretos para establecer mecanismos de compatibilidad entre los beneficios sociales y los ingresos provenientes del trabajo registrado.
Uno de los principales puntos del proyecto está dirigido a las titulares de la pensión no contributiva para madres de siete hijos o más.
Actualmente, la reglamentación establece límites de ingresos que, en la práctica, dificultan el acceso al empleo formal para quienes perciben este beneficio.
La propuesta eleva el umbral de ingresos permitido hasta un equivalente de cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y establece que no se tendrán en cuenta los ingresos de convivientes provenientes de otras pensiones no contributivas.
Según los datos citados en el proyecto, existen actualmente 241.642 titulares de esta prestación, de las cuales 231.702 son mujeres. Dentro de ese universo, casi 168.000 se encuentran en edad laboral.
Tolosa Paz sostiene que la situación actual constituye una barrera adicional para la inserción laboral femenina, especialmente en un grupo que ya enfrenta dificultades para acceder al empleo formal.
La iniciativa también propone modificar la ley que regula la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Actualmente, este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación contributiva.
El proyecto establece que quienes perciban la PUAM podrán desempeñar cualquier modalidad de trabajo registrado sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La autora de la iniciativa argumenta que esta modificación permitirá mejorar los ingresos de los adultos mayores, reducir el riesgo de pobreza y fomentar una participación más activa en el mercado laboral.
De acuerdo con los datos incorporados en los fundamentos, actualmente existen 210.263 titulares activos de la PUAM, de los cuales más de 183.000 son hombres.

Otro de los cambios propuestos apunta a las personas alcanzadas por la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual.
La iniciativa plantea que la jubilación especial prevista para quienes viven con VIH y/o hepatitis B y C sea plenamente compatible con el trabajo registrado en cualquiera de sus modalidades.
Según explica Tolosa Paz, los beneficiarios de estos programas suelen afrontar gastos significativos vinculados a tratamientos médicos, controles sanitarios y necesidades de salud permanentes, por lo que considera necesario garantizar herramientas que faciliten su autonomía económica.
La diputada sostiene además que la posibilidad de trabajar sin perder la prestación contribuye a reducir situaciones de exclusión social, económica y laboral.
El proyecto también modifica aspectos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Actualmente, la legislación establece determinados límites para compatibilizar las pensiones por discapacidad con ingresos provenientes del trabajo registrado.
La propuesta eleva el umbral de incompatibilidad desde dos hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
De esta manera, quienes perciban una pensión no contributiva por discapacidad podrán mantener el beneficio mientras sus ingresos laborales no superen ese límite.
En caso de excederlo, la pensión quedaría suspendida automáticamente mientras dure esa situación. Si posteriormente finaliza la relación laboral o disminuyen los ingresos, el beneficiario podría solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.
Según los fundamentos del proyecto, la medida podría beneficiar a parte de los más de 1,1 millones de titulares de pensiones no contributivas por discapacidad existentes en el país.