Ecocidio, 25 años de cárcel y multas millonarias: qué avanza en el Senado

Un proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Edith Terenzi, integrante del bloque Despierta Chubut y cercana al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, dará un paso clave este martes en el Senado de la Nación cuando sea debatido en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La iniciativa propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal argentino y crear una nueva categoría de "delitos contra el ambiente", con penas de prisión para quienes provoquen daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles.

La discusión cobra especial relevancia en un contexto marcado por los recurrentes incendios forestales registrados en distintas regiones del país durante los últimos años, particularmente en la Patagonia.

De avanzar en el Congreso, el proyecto representaría una de las modificaciones más importantes de la legislación ambiental argentina de las últimas décadas, al establecer por primera vez una figura penal específica para sancionar las formas más severas de degradación de los ecosistemas.

Qué es el ecocidio según el proyecto

La propuesta define al ecocidio como un daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente mediante la violación de las normas de protección ambiental vigentes, de tal magnitud que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras.

Para delimitar el alcance del delito, el texto establece dos categorías principales.

Por un lado, considera "daño ambiental irreversible" a aquel que impide la regeneración natural del ecosistema afectado dentro de un plazo razonable.

Por otro, define como "daño ambiental especialmente grave" a los deterioros severos que, por su extensión territorial o duración en el tiempo, afecten significativamente el derecho de comunidades enteras a vivir en un ambiente sano.

La iniciativa también establece criterios técnicos para determinar la gravedad de los daños, tomando en cuenta la superficie afectada, la existencia de impactos sobre más de una jurisdicción, la afectación simultánea de distintos ecosistemas y el tiempo necesario para la recuperación natural de las áreas dañadas.

Cómo serían las penas

El proyecto incorpora un nuevo Título XIV al Código Penal bajo la denominación "Delitos contra el Ambiente" y crea una figura penal autónoma para el ecocidio.

En los casos de daño ambiental especialmente grave, la pena prevista es de tres a diez años de prisión, además de multas económicas equivalentes a 30 salarios mínimos vitales y móviles.

Si el daño es considerado irreversible, las sanciones aumentan y contemplan penas de cinco a quince años de prisión y multas equivalentes a 70 salarios mínimos.

La iniciativa también prevé un agravante cuando como consecuencia del ecocidio se produzca la muerte de una persona. En esos casos, la pena podría llegar hasta los 25 años de prisión.

Ecocidio doloso y ecocidio culposo: cuáles son las diferencias

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es que distingue entre distintas formas de responsabilidad penal ambiental:

• Ecocidio doloso: se configura cuando una persona o empresa provoca deliberadamente un daño ambiental grave o irreversible incumpliendo la normativa vigente. Es la figura principal contemplada por el proyecto y la que prevé las penas más severas.
• Ecocidio culposo: se aplicaría cuando el daño sea consecuencia de imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes de cuidado. En estos casos las penas se reducen respecto de las previstas para la modalidad dolosa.

Según los fundamentos del proyecto, esta incorporación busca abarcar situaciones en las que los responsables no tuvieron una intención directa de causar daño ambiental, pero actuaron con desinterés o descuido frente a riesgos conocidos.

Qué ocurriría con los funcionarios públicos

La propuesta contempla sanciones agravadas cuando los responsables sean funcionarios públicos.

En esos casos, las penas de prisión se incrementarían en un tercio tanto en su mínimo como en su máximo. Además, el condenado recibiría una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La autora del proyecto sostiene que quienes tienen responsabilidades institucionales deben responder con mayor severidad cuando incumplen las obligaciones de protección ambiental.

Responsabilidad penal para empresas

Otra de las novedades de la iniciativa es que establece expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas.

Si una empresa resulta beneficiada o participa directa o indirectamente en la comisión de un ecocidio, podría enfrentar distintas sanciones, entre ellas multas económicas, suspensión total o parcial de actividades, prohibición de contratar con el Estado, pérdida de beneficios oficiales y la obligación de publicar la sentencia condenatoria.

La incorporación de este mecanismo apunta a sancionar a compañías que obtengan beneficios económicos mediante actividades que generen daños ambientales severos.

El vínculo con los incendios forestales

Aunque el proyecto no se limita a los incendios forestales, su avance legislativo se produce en medio de un fuerte debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes provocan daños ambientales de gran magnitud.

En los fundamentos, Terenzi recuerda que el Código Penal actualmente contempla delitos vinculados a incendios y otras conductas específicas, pero carece de una figura integral que permita sancionar los daños ambientales más graves como una categoría autónoma.

En provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén, los incendios forestales de los últimos años generaron pérdidas millonarias, destrucción de bosques nativos, afectación de fauna silvestre y daños sobre viviendas e infraestructura, reavivando el debate sobre la necesidad de fortalecer las herramientas penales disponibles para perseguir este tipo de hechos.