La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico rechazó un recurso interpuesto por la defensa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. El dirigente pretendía apartar al juez federal Diego Amarante de la causa penal donde se encuentra procesado por delitos tributarios. La resolución judicial confirmó la continuidad del magistrado en la investigación por una maniobra de evasión agravada dentro de la máxima entidad del fútbol local.
El revés para el esquema de defensa del directivo coincidió con la difusión de una nueva denuncia penal por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito radicada contra la cúpula de la institución. Los expedientes judiciales avanzaron de forma paralela en las vísperas del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El escenario complicó el frente corporativo de los administradores del patrimonio de la entidad deportiva.
La resolución de la Cámara Penal Económico significa un golpe definitivo para la estrategia de Pablo Toviggino, debido a que su jugada para desplazar al juez Diego Amarante fracasó y dejó la causa en condiciones de avanzar de forma directa hacia la etapa de juicio oral por la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos.
El camarista de la Sala B del tribunal de apelaciones, Roberto Hornos, desestimó los planteos de recusación presentados por los abogados de Pablo Toviggino. La defensa argumentaba una supuesta pérdida de imparcialidad, conductas arbitrarias y una "enemistad manifiesta" por parte del titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 5. Para sostener la acusación, los asesores del tesorero invocaron una publicación del portal periodístico Data Clave que mencionaba presuntos acuerdos informales entre el magistrado y los inspectores fiscales.

El fallo judicial descartó la validez del artículo de prensa por carecer de sustento probatorio fáctico dentro de las actuaciones del expediente. Al respecto, el camarista Hornos determinó textualmente que "por ninguna de las circunstancias invocadas por los planteos de recusación se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado de la instancia anterior con relación a las partes recusantes, ni que autoricen a sospechar la pérdida de la imparcialidad que debe guiar a aquél".
La resolución ratificó que las decisiones adoptadas por el juez de instrucción corresponden al ejercicio regular de la magistratura. El tribunal recordó a las partes involucradas que si consideran erróneo el procedimiento disponen de las vías recursivas ordinarias para apelar, sin que los desacuerdos técnicos justifiquen el apartamiento del instructor. Esta decisión representó el segundo intento fallido de la conducción de la AFA para remover al juez Amarante de la causa.
La defensa de Pablo Toviggino también calificó como una maniobra de "forum shopping" la decisión del magistrado de incorporar nuevos hechos de evasión dentro del mismo expediente. La presentación había sido radicada originalmente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre de 2025. Los abogados defensores sostenían que la ampliación de los cargos debía derivarse a un nuevo juzgado mediante la realización de un sorteo oficial.

La Cámara de Apelaciones convalidó el accionar del juez de primera instancia al señalar que "no resulta infrecuente" la acumulación de denuncias complementarias cuando los hechos bajo examen guardan una conexión directa. La ampliación impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial incorporó una investigación por el supuesto uso de facturas falsas comerciales para ocultar los destinatarios reales de fondos correspondientes al impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025. El monto de este tramo específico bajo fiscalización asciende a la suma exacta de 289.336.519 pesos.
La auditoría de ARCA detectó una serie de firmas comerciales inexistentes, inconsistencias bancarias severas, ausencia de infraestructura operativa elemental en los proveedores registrados y domicilios fiscales falsos. Los dictámenes detallaron la existencia de circuitos comerciales cerrados y la emisión de cheques con múltiples endosos destinados a justificar gastos ajenos al objeto social de la Asociación del Fútbol Argentino.
El procesamiento dictado a fines de marzo de 2026 por el juez Diego Amarante alcanzó a Pablo Toviggino, a Claudio "Chiqui" Tapia, al exsecretario general Víctor Blanco, al actual secretario Cristian Malaspina y al gerente general Gustavo Lorenzo. El delito tipificado de forma provisoria consiste en la apropiación indebida de tributos agravada y la retención ilegal de recursos destinados a la seguridad social. El dinero permanecía retenido por un plazo superior a los 300 días sin registrar transferencias a las arcas estatales.
Al dictar el procesamiento sin prisión preventiva, el magistrado Amarante fundamentó su resolución expresando: "Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento". La medida incluyó la prohibición absoluta de salida del territorio nacional para los principales directivos de la entidad futbolística.
La confirmación del juez al frente del caso acelera los plazos procesales de cara a la próxima revisión que debe realizar la Cámara Penal Económico sobre los recursos de apelación al procesamiento. Si el tribunal de alzada ratifica las conclusiones de la primera instancia, Pablo Toviggino y el resto de los procesados quedarán formalmente a un paso del inicio de la etapa de juicio oral y público. Los defensores intentan atenuar el impacto solicitando la aplicación del principio de "reparación integral del daño" bajo el argumento de haber cancelado la deuda nominal con el fisco.
El desenlace de la recusación judicial expuso una disparidad de situación fáctica entre las dos máximas autoridades de la calle Viamonte. El presidente de la institución, Claudio Tapia, solicitó formalmente el permiso para ausentarse de la Argentina entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 para asistir a las finales internacionales en Europa y al Mundial en Norteamérica. El juez Amarante concedió la autorización excepcional fijando una fianza o caución real obligatoria de 30 millones de pesos. En contraposición, Pablo Toviggino no formuló requerimientos de salida y quedó varado en Buenos Aires bajo control jurisdiccional estricto.
De forma simultánea, el empresario deportivo Guillermo Tofoni amplió este lunes sus denuncias en los tribunales federales, declarando por tres horas ante la fiscalía en lo penal económico. La presentación describió una supuesta red de desvío de dinero proveniente de los sponsors de la selección nacional hacia firmas radicadas en Miami, Estados Unidos. Según la acusación del denunciante, los fondos regresaban en efectivo al circuito local mediante operaciones en "cuevas" financieras de la city porteña situadas en la Avenida Corrientes 456.
La denuncia penal de Tofoni señala que el efectivo era transportado en bolsos y mochilas hasta un estudio jurídico de la calle Lavalle 1718 y, posteriormente, derivado a un domicilio de Montevideo y Quintana vinculado de forma directa a Pablo Toviggino o a la sede de la AFA en Viamonte 1366. El denunciante requirió de manera formal el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de las cuentas del tesorero y del presidente correspondientes al período comprendido entre los años 2015 y 2026.
TM