09/06/2026 - Edición Nº1218

Agro

PIDEN UNA NUEVA LEY

“Un parche": el campo cuestiona el protocolo de semillas de Sturzenegger

09/06/2026 | Aunque respaldan los controles, productores entienden que la medida no resuelve el problema de fondo.



El Gobierno nacional anunció este lunes un nuevo protocolo para controlar semillas protegidas, una medida queue, según la Casa Rosada, permitirá recuperar "30 años de atraso" e impulsar exportaciones por más de USD 4.000 millones al año.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual de los semilleros mediante nuevos mecanismos de monitoreo y control.

Sin embargo, productores bonaerenses con larga trayectoria en la discusión sobre propiedad intelectual en semillas advirtieron que el esquema promovido por Federico Sturzenegger es apenas un "parche" y alertaron sobre posibles complicaciones para la cadena productiva.

En declaraciones a NewsDigitales, tanto el secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, como el productor y exdiputado nacional del PRO Pablo Torello coincidieron en que la iniciativa no aborda el problema de fondo que atraviesa desde hace años al sistema semillero argentino.

Respaldo a los controles, críticas al mecanismo

Ginestet aclaró que los productores acompañan los esfuerzos para combatir el uso ilegal de semillas, aunque cuestionó la herramienta elegida por el Gobierno.

"Nosotros veníamos insistiendo con controlar el uso ilegal de semillas. Es bienvenido y estamos totalmente de acuerdo. Siempre dijimos que con hacer cumplir la ley actual solucionamos un montón de problemas que tenemos", sostuvo.

Pese a esa coincidencia, el dirigente planteó que la discusión pasa por la forma en que se implementará el nuevo esquema. "Va a ser muy caro, muy ineficiente y no va a resolver los problemas de fondo que tenemos", afirmó.

Según explicó, el sistema sólo alcanzará a las variedades que se inscriban a partir de ahora, por lo que sus efectos prácticos tardarían varios años en comenzar a verse.

"Todo este protocolo recién podría empezar a mostrar resultados dentro de cuatro o cinco años, porque no tiene sentido ir a muestrear variedades que todavía no están en el mercado. El protocolo hoy por hoy es inocuo", sentenció.

Pablo Ginestet, secretario de CARBAP 

El dirigente rural también cuestionó la viabilidad operativa del esquema. A modo de ejemplo, sostuvo que en el caso de la soja habría que analizar una masa productiva de entre 40 y 50 millones de toneladas para detectar la presencia de una variedad determinada, que además podría haber sido adquirida legalmente por el productor.

"La única manera de mostrar esto es tener que analizar la totalidad de la producción para buscar lo que querés encontrar. En la época de la inteligencia artificial y del análisis de datos, tener que muestrear 50 millones de toneladas de soja no parece lo más práctico", afirmó.

En la misma línea se expresó Torello, quien participó de los debates legislativos sobre una nueva Ley de Semillas durante el gobierno de Mauricio Macri.

"No estoy de acuerdo con el protocolo porque es una suerte de parche que se sigue poniendo y no nos lleva a la solución de fondo del problema", sostuvo.

El reclamo por una nueva Ley de Semillas

Uno de los principales puntos de coincidencia entre ambos productores es que el Gobierno decidió avanzar mediante resoluciones administrativas en lugar de impulsar una reforma legislativa.

"Acá todo se arregla con una ley. Mandar el proyecto que les parezca al Congreso y que ahí se decida", planteó Torello. Ginestet también consideró que la medida no aborda el verdadero debate que atraviesa al sector semillero.

"Esto no va contra el uso propio, no va contra las regalías. Es solamente determinar qué variedad está sembrando el productor", explicó.

A su entender, el nuevo sistema puede identificar variedades protegidas, pero no modifica las reglas de propiedad intelectual que reclama la industria semillera.

"La propia industria semillera dijo que esto no incentiva. El problema de fondo que tienen ellos es el reconocimiento de la propiedad intelectual. Esto no lo cambia", aseguró.

Temor por una mayor conflictividad en la cadena

Otro de los cuestionamientos apunta al rol que deberán asumir acopios, exportadores y molinos, que pasarán a intervenir en el proceso de toma de muestras.

Ginestet advirtió que la medida puede incrementar la conflictividad dentro de la cadena comercial. "Yo le entrego soja a un acopio y el acopio me va a tener que sacar una muestra a mí y dársela al semillero para que la analice", explicó.

Según señaló, experiencias similares ya generan reclamos y falsos positivos, por lo que teme que el nuevo sistema profundice los conflictos entre productores, empresas y operadores comerciales. Además, recordó que muchas veces los esquemas asociativos propios de la actividad agrícola vuelven más compleja la identificación del origen de una semilla.

"A veces un productor aporta una semilla, otro productor aporta otra en un pool de siembra y después venden proporcionalmente la producción. Yo declaré la semilla que puse y vos declaraste la tuya, pero después me puedo encontrar en un camión con tu semilla porque éramos socios en el negocio y aportamos los dos la misma cantidad", ejemplificó.

Para Ginestet, si no se contempla el funcionamiento real del negocio agrícola, el nuevo protocolo puede derivar en conflictos innecesarios.

"Genera un montón de problemas todas estas cosas. Si no se analiza el contexto de cómo funciona la producción, va a traer muchos líos, y ahí es donde yo apunto cuando hablo de conflictividad", sostuvo.

Muchos reclamos van a terminar yendo contra los acopios. El productor va a decir: yo te entregué la soja a vos y vos me metiste en este problema

Torello coincidió con esa mirada y planteó que el control debe seguir en manos del Estado. "La producción no está de acuerdo con el control privado. El control tiene que ser siempre por el INASE", afirmó.

Los números que difunde el Gobierno, bajo la lupa

Las dudas también alcanzaron las proyecciones económicas difundidas por la Casa Rosada. Ginestet consideró exagerada la estimación oficial de un impacto superior a los USD 4.000 millones anuales en exportaciones.

"Ese número es falaz", afirmó el dirigente de CARBAP, quien recordó que la productividad agrícola no depende exclusivamente de la genética sino también de factores como la fertilización, la infraestructura, la presión impositiva y especialmente los derechos de exportación.

"El productor brasileño no tiene retenciones. Hoy cobra la soja alrededor de 450 dólares y el argentino cerca de 320. Si los costos son parecidos, es lógico que termine usando menos tecnología", argumentó.

Torello coincidió con ese diagnóstico. "Se habla de números que son irreales. Algunos funcionarios dan números disparatados para que queden", cuestionó.

El exdiputado nacional Pablo Torello

En la misma línea, fuentes del sector que participan de la discusión sobre propiedad intelectual en semillas sostienen que los beneficios económicos potenciales serían sensiblemente inferiores a los difundidos por el Gobierno.

Según esos cálculos, la mejora atribuible a los avances genéticos rondaría los 23 kilos por hectárea. Sobre una superficie cercana a las 17 millones de hectáreas sembradas con soja, eso equivaldría a unas 400.000 toneladas adicionales de producción.

Tomando un valor de referencia de USD 430 por tonelada, el ingreso adicional rondaría los USD 170 millones anuales, una cifra muy distante de los más de USD 4.000 millones mencionados por la Casa Rosada. Según esa estimación, esos recursos además deberían repartirse entre semilleros, fitomejoradores y productores.

Las críticas ya habían sido planteadas ante el Gobierno durante la discusión previa de la medida. Incluso el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, cruzó públicamente a Sturzenegger al señalar que los productores habían presentado observaciones técnicas que no fueron incorporadas a la resolución.

"Somos productores y sabemos de los temas que hacen a nuestro trabajo. Así se lo manifestamos, así le presentamos escritos y lo vamos a seguir haciendo aunque no seamos escuchados siempre", escribió en redes sociales.

Así, mientras el Gobierno presenta el protocolo como una herramienta para fortalecer la innovación y la protección de la propiedad intelectual, productores que vienen participando desde hace años del debate por la Ley de Semillas sostienen que la iniciativa no resuelve el problema de fondo y vuelve a postergar una discusión legislativa que consideran indispensable.