Lo que comenzó como un robo callejero terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera. Una mujer de General Roca logró que la Justicia ordenara suspender el cobro de préstamos y consumos realizados a su nombre luego de que delincuentes le sustrajeran el celular, el DNI, tarjetas bancarias y dinero en efectivo durante un hecho ocurrido en la ciudad de Buenos Aires.
Según surge del expediente, la víctima realizó la denuncia policial el mismo día del robo. Sin embargo, el perjuicio no terminó con la pérdida de sus pertenencias. Quienes accedieron al teléfono aprovecharon que las aplicaciones bancarias se encontraban activas y comenzaron a operar utilizando su identidad.
De acuerdo con la presentación judicial, los autores de la maniobra gestionaron créditos en distintas entidades financieras, realizaron transferencias y retiraron fondos de cuentas que la mujer tenía a su nombre.
Entre las operaciones denunciadas aparecen préstamos otorgados por Banco Patagonia y Naranja Digital, consumos asociados a Cencosud y el vaciamiento de los denominados “frascos” de ahorro de Naranja X. Además, el dinero obtenido habría sido transferido a una cuenta del Banco Industrial que, según la damnificada, jamás abrió.
Ante ese escenario, la mujer acudió a la Justicia para evitar que las entidades financieras continuaran reclamándole el pago de deudas que asegura no haber contraído. También pidió protección frente a eventuales reportes negativos en registros crediticios como Veraz o las bases administradas por el Banco Central.
El planteo fue analizado por el fuero Civil de General Roca, que resolvió otorgar una medida cautelar a su favor. La decisión ordenó al Banco Patagonia, Naranja Digital, Tarjeta Naranja y Cencosud abstenerse de realizar cobros, cargos, intimaciones o reclamos vinculados con los préstamos y consumos cuestionados.
Además, el magistrado dispuso que el Banco Industrial informe si existen fondos depositados en la cuenta que habría sido utilizada para canalizar las operaciones denunciadas.
Para resolver, el juez evaluó la documentación presentada por la mujer, entre ella la denuncia policial, actuaciones iniciadas ante organismos de Defensa del Consumidor y respuestas emitidas por algunas de las empresas involucradas.
La resolución destaca que Tarjeta Naranja y Cencosud ya habían rechazado los reclamos formulados por la clienta y que existían indicios de que una postura similar podría adoptarse en relación con el Banco Patagonia.
En ese contexto, el magistrado consideró acreditados de manera preliminar dos requisitos fundamentales para conceder una cautelar: la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo que implicaría esperar el resultado definitivo del juicio.
Según explicó, la mujer podría verse obligada a afrontar pagos por créditos que afirma no haber solicitado y sufrir consecuencias económicas difíciles de revertir, como la inclusión en bases de datos de morosos, restricciones para acceder a nuevos productos financieros o incluso eventuales ejecuciones judiciales.
El fallo también remarcó que el conflicto se enmarca dentro de una relación de consumo y que corresponde garantizar una tutela judicial efectiva mientras se determina quién debe responder por las operaciones realizadas tras el robo.
La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días, aunque podrá ser prorrogada, modificada o dejada sin efecto según el avance de la causa y la prueba que se incorpore durante el proceso.