Qué gana el sistema universitario con el principio de acuerdo en Casa Rosada

El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas alcanzaron un principio de acuerdo que podría poner fin a uno de los conflictos más sensibles que enfrentó la administración de Javier Milei desde el inicio de su gestión. Tras una serie de reuniones mantenidas durante los últimos días entre representantes del sistema universitario y funcionarios del Ministerio de Capital Humano, ambas partes llegaron a una propuesta que será formalizada este miércoles.

El entendimiento contempla una actualización salarial del 21% para docentes y trabajadores no docentes que se aplicará sobre los haberes de junio. Además, se prevé una nueva mejora del 3% en octubre. Según explicaron fuentes involucradas en las negociaciones, los incrementos no serán retroactivos y, a partir de entonces, se establecerá un esquema de paritarias trimestrales ajustadas a la evolución de la inflación.

Aumento de becas y más fondos para las universidades

El acuerdo no se limita a la cuestión salarial. También incluye una actualización del 50% en las becas Manuel Belgrano, uno de los programas más importantes de asistencia para estudiantes universitarios. A esto se suma un incremento del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales.

La misma mejora presupuestaria alcanzará a los hospitales universitarios, que venían reclamando mayores recursos para sostener servicios, infraestructura y equipamiento. En el sistema universitario consideran que estos puntos resultaban centrales para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones durante el segundo semestre del año.

La negociación se produjo luego de meses marcados por movilizaciones masivas, reclamos salariales y fuertes cuestionamientos al ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

Persisten diferencias con algunos gremios

A pesar del acuerdo alcanzado con los rectores, el conflicto no está completamente cerrado. La Casa Rosada mantiene vigente el amparo judicial contra la Ley de Financiamiento Universitario, una de las principales demandas que impulsaron las movilizaciones universitarias durante los últimos meses y cuya definición quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Además, dentro del frente sindical universitario existen posiciones distintas respecto del entendimiento alcanzado. Algunos gremios consideran que la propuesta representa un avance importante, mientras que otros sostienen que aún resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

En ese contexto, la federación Conadu ratificó un plan de lucha que incluye un paro nacional universitario entre el 16 y el 20 de junio. También confirmó la realización de clases públicas y actividades de protesta en distintos puntos del país para mantener la presión sobre el Gobierno.

Desde el sector sindical advierten que la resolución definitiva del conflicto dependerá no sólo de los acuerdos salariales sino también de la situación judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y del compromiso oficial para garantizar recursos estables para el sistema público de educación superior.