El 10 de junio de 2025 quedó marcado como uno de los días más trascendentes de la historia política y judicial reciente de la Argentina. Hace exactamente un año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como "Vialidad".
La decisión del máximo tribunal puso punto final al recorrido judicial de uno de los expedientes más emblemáticos de las últimas décadas y provocó una inmediata reacción política y social, con una multitud de militantes concentrados frente a la sede nacional del Partido Justicialista y manifestaciones en distintos puntos del país.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria y ratificaron las sentencias dictadas en instancias anteriores.
En su fallo, la Corte sostuvo que "no se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria" y consideró que las resoluciones previas estuvieron respaldadas por "la profusa prueba producida" y por las disposiciones del Código Penal.
Los magistrados concluyeron además que "el debido proceso ha sido salvaguardado" y que las penas impuestas "tutelan nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación".
De esta manera, quedó firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación se había iniciado en 2016 y estuvo centrada en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La Justicia analizó si el empresario Lázaro Báez había sido beneficiado irregularmente mediante sobreprecios, demoras injustificadas y obras inconclusas.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta y la absolvió por el delito de asociación ilícita. En noviembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia y, finalmente, la Corte Suprema ratificó esa decisión el 10 de junio de 2025.

La expresidenta pasó gran parte de aquella jornada en la sede nacional del Partido Justicialista, ubicada en la calle Matheu, acompañada por dirigentes, legisladores, sindicalistas y militantes.
Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar senadores y referentes del peronismo para esperar una resolución que, según reconocería más tarde la propia Cristina Kirchner, ya daban por descontada.
"Ya sabía que iba a suceder hoy", les dijo a los dirigentes que participaron de la reunión previa.
Con el correr de las horas, la expectativa fue creciendo y la movilización en las inmediaciones de la sede partidaria se hizo cada vez más numerosa.
También se acercaron dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois, además de representantes de organizaciones sindicales y movimientos sociales.

Luego de conocerse oficialmente la decisión del máximo tribunal, Cristina Fernández de Kirchner salió a hablar ante miles de militantes.
"Como siempre, pondremos el cuerpo. Los peronistas no nos profugamos, eso lo hace la derecha, nosotros no somos mafiosos", expresó.
La exvicepresidenta cuestionó duramente a la Corte Suprema y aseguró que la decisión respondía a intereses políticos y económicos: "En esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular".
También apuntó directamente contra los tres integrantes del máximo tribunal: "Este triunvirato impresentable son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos: el poder económico concentrado de la Argentina".
En otro tramo de su discurso, vinculó la confirmación de la condena con el calendario electoral y con la situación económica del país.
"El poder económico puede tropezar una vez, pero no dos. Nosotros somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome, porque esto no tiene final feliz y ellos lo saben", señaló.
Además, sostuvo: "Me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria, las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y los medicamentos cada vez están más caros".
Lejos de limitarse a cuestionar el fallo, Cristina Kirchner utilizó aquel discurso para convocar a la reorganización del peronismo y a fortalecer el vínculo con los sectores más afectados por la situación económica: "Los quiero mucho, les agradezco todo el amor y el afecto".
Y agregó: "A organizarse y a estar junto a la gente que lo necesita. A militar junto a todos los colectivos sociales que están siendo agredidos por estas políticas".
En otro pasaje destacó: "Hay una crisis de representación y hay que seducir al voto en blanco desde la legitimidad".

Tras el discurso, la entonces titular del Partido Justicialista se retiró rumbo a su departamento del barrio porteño de Constitución, donde posteriormente cumpliría prisión domiciliaria.
Para gran parte del peronismo, aquella jornada significó el comienzo de una nueva etapa política y el punto de partida de un proceso de reorganización del espacio.