Boletín Oficial: el Gobierno eliminó el canal de reclamos de adolescentes a empresas

La motosierra encontró un nuevo objetivo: una resolución que desde 2021 permitía a adolescentes de entre 13 y 17 años presentar reclamos ante los organismos de defensa del consumidor. La medida fue oficializada hoy a través del Boletín Oficial.

La disposición sostiene que los derechos de los adolescentes continúan protegidos por el Código Civil y Comercial, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y diversos mecanismos de asistencia jurídica previstos por el ordenamiento legal argentino.

Ya está publicada la edición del 09/06/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq

— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) June 9, 2026

Según esta interpretación, la resolución derogada resultaba redundante porque regulaba cuestiones ya contempladas en normas de jerarquía superior, generando una superposición innecesaria de procedimientos administrativos.

El derecho existe, pero la discusión es cómo se ejerce

Con esta resolución se abre una discusión política y jurídica, no sobre la existencia formal del derecho, sino de las posibilidades concretas para ejercerlo. Hasta ahora, un adolescente que tenía un problema con una compra online, una empresa de telefonía o cualquier proveedor de servicios, podía recurrir a una vía administrativa. No necesitaba contar con asistencia letrada.

Es en ese punto donde aparece un interrogante: una cosa es afirmar que los derechos permanecen intactos y otra muy distinta es garantizar que sigan siendo accesibles para quienes deben utilizarlos. La propia disposición hace referencia al derecho de los adolescentes a contar con asistencia letrada, pero evita explicar de qué manera un joven de 14 o 15 años podrá defender sus intereses con la misma facilidad que tenía bajo el esquema anterior.

La contradicción de la simplificación

La respuesta oficial remite al principio de capacidad progresiva reconocido por el Código Civil y Comercial. Se trata de un avance importante en materia de derechos, porque reconoce que los adolescentes poseen autonomía creciente para participar en decisiones que afectan sus intereses.

Sin embargo, el propio sistema legal contempla que muchas de esas intervenciones se realicen con asistencia profesional o acompañamiento de representantes legales. Es decir, el derecho existe, pero su ejercicio suele requerir recursos, conocimientos y herramientas que no siempre están al alcance de cualquier familia.

Desde la perspectiva del Gobierno, eliminar regulaciones redundantes contribuye a reducir burocracia y ordenar el funcionamiento del Estado. Desde una mirada crítica, en cambio, puede ocurrir exactamente lo contrario: que una norma considerada prescindible por la administración pública sea, en los hechos, la puerta de acceso más sencilla para quienes buscan hacer valer sus derechos.