La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar bajo la lupa luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, solicitó adherirse al régimen de regularización tributaria impulsado por el Gobierno, conocido como “inocencia fiscal”. El dato aparece mientras la Justicia investiga los vínculos comerciales de la consultora de coaching ontológico de Angeletti con empresas que mantienen contratos con distintos organismos estatales.

Según trascendió, la presentación fue realizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el pasado 31 de mayo. El régimen permite regularizar activos o ingresos no declarados previamente sin consecuencias penales ni sanciones tributarias. Sin embargo, la información sobre los montos o bienes incluidos permanece protegida por el secreto fiscal.
La novedad se conoce además en un contexto sensible para el Gobierno, ya que Adorni todavía debe presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, un trámite que la oposición viene reclamando desde hace semanas.
Este miércoles, por su parte, se conoció que también Adorni pidió ingresar al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal. El funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, reglamentado por el Gobierno, entró en vigencia el 1° de junio de 2025. Permite que los contribuyentes que adhieran al sistema no deban presentar información sobre sus consumos personales ni su patrimonio.
Según la constancia de inscripción, que puede verificarse el sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el funcionario se había inscripto en Ganancias en enero de 2020.
De acuerdo a información del funcionario, disponible de manera pública en ARCA, registra múltiples actividades económicas desde hace más de diez años. Como actividad principal está inscripto en “servicios personales” desde 2013.
Desde el entorno de Adorni, en tanto, señalan que no hubo una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. La adhesión al régimen no sería para ese fin.
La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.
La causa que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita busca determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública o posibles hechos de cohecho vinculados a la actividad de +Be, la consultora creada por Angeletti.

Los investigadores analizan contratos y transferencias realizadas por al menos tres empresas privadas que, al mismo tiempo, mantienen relaciones comerciales con distintos organismos del Estado. Entre ellas aparecen Grupo Datco, proveedor de organismos como el Banco Central, AYSA y la operadora ferroviaria estatal; la naviera National Shipping, vinculada a contratos con YPF; y Grupo Foggia, empresa relacionada con actividades culturales y espectáculos.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la consultora de la esposa de Adorni facturó diversos servicios de capacitación, selección de personal y coaching empresarial. La Justicia intenta establecer si esas operaciones fueron genuinas o si existieron beneficios derivados de la cercanía del funcionario con el Gobierno nacional.
La investigación también pone el foco sobre distintas operaciones inmobiliarias y movimientos económicos de la familia. Entre ellos figuran la compra de un departamento en Caballito, la adquisición de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, viajes al exterior y gastos con tarjetas de crédito que, según distintas publicaciones periodísticas, superaron ampliamente los ingresos declarados oficialmente.

Además, el expediente analiza préstamos familiares, hipotecas privadas y pagos en efectivo vinculados a reformas inmobiliarias realizadas durante los últimos años. Desde el entorno de Adorni evitaron hacer comentarios sobre la adhesión de Angeletti al régimen fiscal. Tampoco hubo explicaciones públicas respecto de los motivos que llevaron a la esposa del funcionario a solicitar la regularización tributaria.
El caso adquirió además una dimensión política luego de los cuestionamientos de dirigentes opositores. La exgobernadora María Eugenia Vidal volvió a reclamar públicamente la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete y publicó en redes sociales un mensaje directo: “Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni”, acompañado por la imagen de una calavera.
Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni. https://t.co/MVPZvCUGto pic.twitter.com/MSu7N1eIaM
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 7, 2026
Mientras tanto, el Gobierno intenta contener el impacto político del expediente y espera que la presentación patrimonial del funcionario aporte elementos para responder a los cuestionamientos. La fecha comprometida por Adorni para cumplir con ese trámite es el próximo 15 de junio.
La expectativa ahora está puesta en dos frentes paralelos: el avance de la investigación judicial que lleva adelante Ariel Lijo y la información patrimonial que finalmente haga pública una de las figuras más visibles del gabinete de Javier Milei.