CFK: un año después, sigue sin ejecutarse el decomiso millonario y crece la tensión

Se cumplió un año desde que la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad quedó firme, pero la Justicia todavía no logró ejecutar uno de los puntos centrales de la sentencia: el decomiso de bienes destinado a recuperar parte de los fondos establecidos en el fallo. Pese a que el monto fijado ronda los 685.000 millones de pesos, hasta el momento no se concretó el remate de ninguno de los activos alcanzados por la medida.

La demora responde a una sucesión de recursos judiciales impulsados por la defensa de la expresidenta, que consiguieron frenar en distintas instancias el avance de la ejecución patrimonial. El conflicto volvió ahora a la Corte Suprema, que deberá resolver si habilita o no los planteos presentados por la exmandataria y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

La disputa por los bienes

El expediente incluye un total de 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para ser tasados y eventualmente subastados. El objetivo es avanzar en la recuperación económica prevista por la sentencia que condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había rechazado los recursos extraordinarios de la defensa y ratificado la continuidad del proceso de decomiso. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que los planteos no presentaban una cuestión federal suficiente para justificar la intervención del máximo tribunal y remarcaron que el decomiso busca impedir que los beneficios económicos derivados de hechos de corrupción permanezcan en manos de los condenados.

Sin embargo, la defensa recurrió nuevamente a la Corte mediante un recurso directo que mantiene suspendidos los pasos posteriores del proceso.

Propiedades bajo análisis

Entre los bienes alcanzados aparecen inmuebles ubicados en El Calafate, propiedades vinculadas a la familia Kirchner y también el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.

La situación presenta además una complejidad adicional. Parte importante del patrimonio vinculado a Lázaro Báez, otro de los condenados en la causa, ya se encuentra comprometida por otros procesos judiciales, entre ellos la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como "Ruta del Dinero K".

Mientras espera la resolución de la Corte, el Tribunal Oral Federal N°2 comenzó a preparar aspectos técnicos de una eventual ejecución de la sentencia. En ese marco, el juez Rodrigo Giménez Uriburu consultó al máximo tribunal si alguno de los inmuebles alcanzados podría ser destinado al uso de la Corte Suprema o del Consejo de la Magistratura, antes de avanzar hacia una eventual subasta pública.

La otra batalla judicial

Paralelamente al debate patrimonial, Cristina Kirchner mantiene abierta otra discusión vinculada a las condiciones de su prisión domiciliaria. La expresidenta solicitó que se retire la tobillera electrónica, que se flexibilice el régimen de visitas y que se amplíe el uso de espacios comunes dentro del edificio donde reside.

Sin embargo, el fiscal Diego Luciani rechazó esos pedidos y el juez Giménez Uriburu ratificó recientemente las condiciones actuales de cumplimiento de la pena. De esa forma, la exmandataria continúa bajo monitoreo electrónico y con las restricciones que fueron fijadas al momento de concederse el arresto domiciliario.

A un año de la confirmación de la condena, la causa Vialidad sigue generando consecuencias judiciales y políticas. Mientras la defensa de Cristina Kirchner intenta bloquear la ejecución patrimonial, la Corte Suprema vuelve a quedar en el centro de una definición clave: determinar si la Justicia puede finalmente avanzar sobre los bienes incluidos en el decomiso o si el proceso continuará postergándose.