Super-RIGI en Diputados: qué cambia para inversiones, empleo y dólares

El Gobierno nacional volvió a mover sus piezas en el Congreso con el inicio del tratamiento de dos proyectos que considera clave para su agenda económica e institucional. Mientras este miércoles comenzó en Diputados el debate sobre la ley de lobby, el oficialismo también prepara la discusión del denominado super-RIGI, una iniciativa destinada a captar inversiones millonarias en sectores tecnológicos e industriales.

La Libertad Avanza apuesta a obtener dictamen de ambas propuestas durante las próximas semanas para llevarlas al recinto antes de fin de mes, en un intento por recuperar la iniciativa parlamentaria luego de varios episodios que expusieron dificultades para ordenar mayorías y sostener acuerdos políticos.

La actividad legislativa comenzó con el plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia, donde se pone en discusión el denominado super-RIGI y luego continuará con una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar el proyecto de Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses.

Según el cronograma impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la intención es volver a convocar ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar las iniciativas en condiciones de ser debatidas en una sesión prevista para el 24 de junio.

La apuesta oficial al Super-RIGI

La principal iniciativa económica que impulsa el oficialismo busca ampliar los incentivos para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y productivo del país.

El denominado Super-RIGI está orientado a proyectos vinculados con la industrialización de minerales críticos como el litio y el uranio, la producción de baterías, la fabricación de vehículos eléctricos, el desarrollo de inteligencia artificial, semiconductores, hidrógeno verde, energías renovables y reactores nucleares de nueva generación.

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de USD 1.000 millones, un umbral considerablemente superior a los USD 200 millones exigidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases.

A cambio, el esquema ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años, además de una batería de incentivos tributarios. Entre ellos se destacan una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota diferencial para contribuciones patronales.

La iniciativa también contempla beneficios en materia de comercio exterior y acceso a divisas. Los proyectos adheridos podrán disponer progresivamente de los dólares obtenidos por exportaciones hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de funcionamiento.

Durante el debate fueron convocados representantes de distintos sectores productivos, entre ellos el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el titular de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

El proyecto para regular el lobby

En paralelo, el oficialismo abrió la discusión de la ley de lobby, una iniciativa destinada a regular y transparentar las gestiones de intereses realizadas ante funcionarios públicos y legisladores.

El proyecto crea un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse quienes busquen influir en decisiones estatales o representar intereses particulares ante organismos públicos.

Además, obliga a informar los clientes representados, los intereses involucrados y las características de cada encuentro mantenido con funcionarios o legisladores, incluyendo fecha, modalidad, dependencia y temas tratados.

La iniciativa también alcanza a los funcionarios públicos, que deberán informar las audiencias mantenidas con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos contactos.

El texto prevé multas de hasta 500 salarios mínimos para quienes incumplan las obligaciones establecidas y contempla sanciones más severas, incluyendo inhabilitaciones y penas de prisión para casos de representación clandestina de intereses extranjeros.

Una señal política hacia el Congreso

Más allá del contenido de los proyectos, el oficialismo busca mostrar capacidad de iniciativa en un escenario parlamentario complejo, atravesado por negociaciones permanentes con bloques dialoguistas y por recientes tensiones políticas que impactaron en la dinámica legislativa.

Con el super-RIGI como principal apuesta económica y la ley de lobby como bandera institucional, el Gobierno intenta volver a instalar temas propios en la agenda del Congreso y encarar la segunda mitad del año con proyectos de alto impacto político y económico.