El diputado nacional del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón, presentó este miércoles un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para prohibir que los funcionarios públicos accedan al régimen simplificado de Ganancias. La iniciativa legislativa busca bloquear el uso de este beneficio impositivo tras conocerse la inscripción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La propuesta del legislador se formalizó en Buenos Aires en medio de una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al matrimonio en los tribunales de Comodoro Py. El debate parlamentario cobró fuerza por el uso de un mecanismo técnico que restringe la capacidad de control del organismo recaudador sobre los patrimonios estatales.
El impacto directo de este proyecto radica en la advertencia explícita sobre el recambio de gobierno previsto para el 10 de diciembre de 2027. La oposición busca evitar que los integrantes del Gobierno utilicen las facilidades impositivas como un resguardo legal antes de abandonar sus cargos públicos. De aprobarse la reforma, la restricción alcanzará a los tres poderes del Estado y se aplicará de forma retroactiva desde dos años antes de asumir las funciones.
El proyecto de ley presentado por Paulón propone una modificación directa sobre el artículo 38 de la Ley 27.799. El texto redactado por el diputado incorpora una lista de 20 categorías específicas de exclusión para impedir el ingreso de personas políticamente expuestas al sistema diferencial. La medida busca corregir vacíos legales que hoy permiten declarar ingresos y deducciones anuales sin la obligación de detallar los consumos personales.
UN LÍMITE A LA AVIVADA DE LOS ADORNIS
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 10, 2026
QUE SE TERMINE LA JODA LIBERTARIA
El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven los fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública.
Por ello presenté un proyecto para excluir de este régimen a… pic.twitter.com/DK8GuqSANl
El mecanismo vigente, denominado régimen simplificado, otorga un beneficio técnico conocido en el ámbito tributario como tapón fiscal. Este instrumento legal bloquea la facultad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para revisar la ecuación patrimonial de años anteriores. La reforma de la oposición apunta a eliminar este escudo administrativo para garantizar el control sobre los bienes del entorno cercano de los gobernantes.
La iniciativa busca adaptar la legislación local a los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero. Paulón argumentó que la estructura impositiva actual funciona como un traje a medida para regularizar fondos de origen ilícito derivados de delitos contra la administración pública. El escrito prohíbe el beneficio a presidentes, gobernadores, ministros, jueces, legisladores y sus cónyuges.
El proyecto de ley enumera de forma explícita y precisa a las autoridades que quedarán privadas de ingresar al sistema impositivo simplificado. La lista de exclusiones taxativas abarca a los siguientes cargos de la administración pública nacional y provincial:
El texto legal extiende el impedimento, de modo accesorio, a los cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado de los funcionarios citados.
La discusión legislativa sumó un fuerte componente político al proyectar el escenario del fin de mandato de la gestión de La Libertad Avanza. Paulón alertó sobre las consecuencias de mantener la normativa sin los cambios propuestos en el Congreso de la Nación. El diputado afirmó que el beneficio tributario facilitará la impunidad de los funcionarios que enfrenten denuncias por presuntos hechos de corrupción.
Promovieron la ley de Inocencia Fiscal para encubrir su propia corrupción.
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Sin comentarios. pic.twitter.com/AU72FJfw87
"Los funcionarios de este Gobierno se van a ir el 10 de diciembre del 2027 y hay muchos implicados en hechos de corrupción", dijo Paulón a Radio 10. El legislador fundamentó la urgencia de su presentación en la necesidad de anticiparse al recambio institucional. "No vaya a ser cosa que a la salida del Gobierno tengamos cola de funcionarios libertarios adhiriendo a Inocencia Fiscal", agregó.
El planteo opositor busca presionar a los mandatarios provinciales que controlan bancadas con peso decisivo en el Congreso de la Nación. El proyecto penaliza la inacción legislativa frente a las ventajas impositivas que usó el jefe de Gabinete. Paulón afirmó a Radio Provincia que los gobernadores que faciliten los votos para mantener estas normas serán cómplices directos de la impunidad de los sospechados.
El conflicto político se trasladó a las plataformas digitales con la viralización de un meme. Paulón utilizó su cuenta oficial en la red X para difundir una foto editada de la serie animada Los Simpson. La imagen muestra a personajes representados como Manuel Adorni y Bettina Angeletti escapando con maletines llenos de fajos de billetes.
Venían a terminar con la casta…
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Terminaron siendo un meme peor que el Monorriel de Springfield. pic.twitter.com/7TJEtq0wxu
La ilustración parodia el discurso de transparencia y combate a los privilegios que el oficialismo utilizó durante la campaña electoral. "Venían a terminar con la casta y terminaron siendo un meme peor que el Monorriel de Springfield", publicó.
El uso de esta referencia visual buscó simplificar un debate técnico complejo para acercarlo al ciudadano de a pie. La burla en redes sociales coincidió con los cuestionamientos de otros sectores de la oposición legislativa. Desde la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica coincidieron en señalar que las facilidades impositivas vigentes terminaron premiando al evasor y castigando al contribuyente cumplidor.
La jugada en la Cámara de Diputados se apoya en los datos que tramitan en la Justicia Federal de los tribunales de Retiro. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo investigan a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. La pesquisa penal analiza consumos con tarjetas de crédito por 85,1 millones de pesos durante el período fiscal 2025.

El expediente judicial detalla compras inmobiliarias financiadas mediante entregas de dinero en efectivo e hipotecas privadas sin intereses. Entre las operaciones bajo la lupa se encuentra un departamento en Caballito por el que pagaron 30.000 dólares en efectivo y una casa en un country de Exaltación de la Cruz. El contratista Matías Tabar declaró en sede judicial haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por refacciones en esa última vivienda.
La contabilidad investigada contrasta con los ingresos formales del jefe de Gabinete, cuyo salario bruto inicial era de 3,5 millones de pesos. El fiscal Pollicita aguarda un estudio contable de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para definir la magnitud de las inconsistencias. Si los peritos oficiales confirman el desfasaje, el siguiente paso procesal será citar al funcionario a declaración indagatoria.
Ante el crecimiento de la polémica en el Congreso, Manuel Adorni emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para rechazar las acusaciones. El funcionario desmintió que su registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero constituya un blanqueo de capitales. El vocero presidencial argumentó que la decisión de ingresar al sistema responde exclusivamente a una simplificación de sus trámites anuales.

"Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", sostuvo el jefe de ministros. Adorni explicó que el mecanismo utilizado genera una pre declaración jurada confeccionada por el propio fisco sobre la cual el contribuyente solo debe prestar su conformidad final.
"Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de Ganancias", afirmó el vocero en su descargo. La Jefatura de Gabinete ratificó que el trámite no implica la exteriorización de activos ocultos ni la justificación de fondos por esa vía. El entorno del ministro coordinador prometió que la presentación formal de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción se realizará de manera inminente.
TM