Cincuenta meses después, Cositorto insiste en que no se miraron todas las pruebas

Durante más de cuatro años, Leonardo Cositorto ocupó titulares como protagonista de una de las causas judiciales más resonantes de los últimos tiempos. Las condenas comenzaron a acumularse y los expedientes avanzan en distintos tribunales del país, pero el empresario insiste en dirigir la discusión hacia otro terreno: las decisiones que, según afirma, condicionaron su posibilidad de defensa desde el inicio del proceso.

La discusión ya no pasa exclusivamente por Generación Zoe. Tampoco por la expansión de la organización, las promesas de rentabilidad o los miles de ahorristas que denunciaron haber sido perjudicados. El foco de los planteos de Cositorto está puesto hoy en la actuación judicial y en una pregunta que repite desde hace años: si toda la prueba fue analizada antes de que llegaran las condenas.

La prueba que nunca llegó al debate

Uno de los principales cuestionamientos del fundador de Zoe apunta a la exclusión de documentación vinculada a Binary, la plataforma utilizada por la organización para registrar operaciones financieras. Según sostiene, ese material podía aportar información relevante para reconstruir movimientos de fondos y demostrar aspectos centrales de su estrategia defensiva.

La discusión no es menor. En cualquier proceso judicial, el alcance de la prueba determina los límites del debate. Por eso, cuando una de las partes afirma que determinados elementos quedaron fuera del expediente, la controversia trasciende el caso concreto y se instala sobre una cuestión más amplia: hasta qué punto un juicio logra agotar todas las líneas de investigación disponibles antes de dictar una sentencia.

Cositorto sostiene que esa instancia nunca se produjo plenamente. Los tribunales, por su parte, avanzaron igualmente hasta dictar condenas. Entre ambas posiciones persiste una distancia que sigue alimentando el conflicto.

El debate sobre la reparación

Otro de los ejes que el empresario mantiene vigentes es el referido a los acuerdos económicos con quienes denunciaron perjuicios patrimoniales. Según afirma, existieron alternativas que habrían permitido instrumentar mecanismos de devolución de fondos, pero esas iniciativas no prosperaron.

Más allá de la suerte judicial de Cositorto, el planteo abre un interrogante incómodo para cualquier proceso que implique una compensación económica. Cuando existen damnificados que reclaman una reparación, la discusión no se limita a la imposición de penas. También involucra la posibilidad concreta de recuperar activos o compensar pérdidas.

El fundador de Zoe sostiene que esa alternativa fue descartada prematuramente, pero no por voluntad de las partes, que arribaron a un acuerdo. Lo que pasó fue que la acusación y los tribunales siguieron otro camino. El resultado es conocido: condenas, causas todavía abiertas y personas que continúan esperando las respuestas que el poder punitivo no ofrece.

Una disputa que no terminó

Las sentencias dictadas hasta ahora no cerraron el conflicto. Por el contrario, marcan una etapa dentro de una controversia que continúa trasladándose a nuevas instancias judiciales. Mientras la condena sirve para que los escépticos recuperen la confianza en el sistema, Cositorto insiste en que hubo serias falencias en el proceso que lo llevó a prisión.

Después de cincuenta meses privado de libertad, el empresario ya no discute únicamente los hechos que le atribuyen. Discute el camino que la Justicia recorrió, y aunque -según estima- las sentencias parecen escritas de antemano, hay preguntas que se abren a partir de sus dichos: la producción de prueba, el alcance de la defensa y los mecanismos de reparación, rodean a uno de los casos más impactantes de la última década.