Batalla por el cartón: quieren voltear un decreto de Sturzenegger en Diputados

Un grupo de diputados nacionales vinculados al kirchnerismo y al espacio de Juan Grabois presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto 1/2025 impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y establecer un nuevo régimen para la importación y exportación de residuos no peligrosos valorizados.

La iniciativa, firmada por Itai Hagman, Natalia Zaracho y Julia Strada, busca limitar el ingreso de materiales reciclables provenientes del exterior y priorizar la cadena nacional de recupero y reciclaje. Los legisladores sostienen que la normativa vigente puede perjudicar especialmente a los recuperadores urbanos y a las cooperativas de cartoneros.

Qué cambió con el decreto impulsado por Sturzenegger

El Decreto 1/2025 se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023 y modificó el esquema de control sobre la importación de residuos valorizados.

La administración libertaria defendió la medida bajo el concepto de "economía circular" y de simplificación administrativa, reemplazando diversos requisitos previos por un sistema basado principalmente en declaraciones juradas y controles posteriores.

Sin embargo, los diputados opositores consideran que la medida "abre la puerta a una liberalización del ingreso de materiales reciclables" sin haber resuelto antes las deficiencias del sistema argentino de recuperación de residuos.

El objetivo del proyecto

La propuesta establece que la importación de residuos valorizados sea únicamente complementaria y subsidiaria de la oferta local.

En otras palabras, los materiales provenientes del exterior sólo podrían ingresar cuando se demuestre que la producción nacional es insuficiente para abastecer a la industria en términos de cantidad y calidad.

Además, prevé:

• Sistemas de trazabilidad y control.
• Un registro nacional de proveedores de residuos valorizados.
• Un Consejo Consultivo de Economía Circular.
• Procedimientos específicos de fiscalización.
• Requisitos estrictos para garantizar la inocuidad de los materiales importados.

La preocupación por los cartoneros y recuperadores urbanos

Uno de los principales argumentos de los impulsores del proyecto es el impacto que podría tener la apertura de importaciones sobre el trabajo de miles de recuperadores urbanos.

Según sostienen, los materiales reciclables provenientes del exterior competirían directamente con el cartón, plástico, vidrio y metales recolectados por cartoneros y cooperativas, presionando los precios a la baja.

Los legisladores remarcan que el decreto reconoce la importancia del sector, pero afirman que ese reconocimiento es meramente declarativo, ya que no incorpora herramientas de protección ni mecanismos para fortalecer la actividad.

En los fundamentos del proyecto advierten que "la oferta importada compite directamente con el material recolectado en el país, presionando los precios a la baja en el eslabón más vulnerable de la cadena".

Los cinco problemas que denuncian los diputados

Los autores de la iniciativa sostienen que la desregulación presenta cinco problemas concretos.

1. La importación sustituye la producción nacional

Consideran que facilitar el ingreso de materiales reciclables del exterior puede desalentar inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura argentina de recupero y reciclaje.

A su entender, en lugar de complementar el sistema local, la importación terminaría reemplazándolo.

2. Los cartoneros quedan expuestos

El segundo punto se centra en los recuperadores urbanos.

Los legisladores señalan que el decreto no contempla medidas de fortalecimiento, formalización ni protección de precios para un sector que constituye el eslabón más débil de la cadena de reciclado.

Según afirman, una mayor oferta de materiales importados podría reducir el valor del cartón, plástico y otros residuos recolectados en el país.

3. Controles insuficientes

Otra de las críticas apunta al sistema de fiscalización. El régimen vigente se basa en declaraciones juradas y controles posteriores, algo que, según los diputados, exigiría una capacidad técnica importante por parte del Estado.

En un contexto de reducción del gasto público y del aparato estatal, sostienen que esos controles podrían resultar insuficientes y quedar sólo en el plano formal.

4. Riesgo de contaminación

Los autores del proyecto advierten sobre la posibilidad de que ingresen materiales contaminados mezclados con residuos reciclables.

Mencionan experiencias internacionales en las que algunos países receptores terminaron recibiendo desechos con componentes peligrosos o imposibles de reutilizar.

Según indican, Argentina no cuenta con infraestructura suficiente para procesar esos descartes.

5. Contradicciones con la economía circular

Finalmente, consideran que la importación de residuos es incompatible con el concepto de economía circular que promueve la legislación ambiental argentina.

Argumentan que la verdadera economía circular implica cerrar el ciclo de aprovechamiento dentro del propio territorio, reutilizando los residuos generados localmente y no sustituyéndolos por materiales provenientes de otros países.

El ejemplo de Brasil

En los fundamentos, los diputados comparan el caso argentino con Brasil.

Destacan que el país vecino sancionó en enero de 2025 la Ley 15.088, que prohibió la importación de residuos sólidos y materiales reciclables como papel, plástico, vidrio y metales.

La decisión, explicaron, tuvo como objetivo proteger a cerca de 800.000 recolectores y fortalecer la cadena interna de reciclado.

Incluso, meses después, el gobierno brasileño endureció aún más las restricciones y estableció mecanismos de consulta con los representantes del sector.

"La contraposición es nítida. Argentina abre lo que Brasil cierra", sostienen los autores de la iniciativa.

Economía circular y protección ambiental

El proyecto también hace referencia a los compromisos asumidos por Argentina en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y al Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de residuos.

Además, incorpora criterios de inocuidad para las importaciones, como límites máximos de rechazo, certificaciones de origen, ausencia de contaminantes químicos y biológicos y controles técnicos específicos.

Los legisladores argumentan que el país debe evitar convertirse en receptor de materiales descartados por otras naciones y fortalecer, en cambio, una economía circular basada en el aprovechamiento de los residuos generados dentro del territorio nacional.