Polémica por Inocencia Fiscal: los cambios con los que el Gobierno busca más dólares

Las 80.000 adhesiones registradas hasta ahora quedaron lejos de las expectativas oficiales. Con la mira puesta en los miles de millones de dólares que permanecen fuera del sistema financiero, el Gobierno decidió reformular el proyecto de Inocencia Fiscal que enviará al Congreso y sumar incentivos para convencer a quienes todavía desconfían.

La apuesta no es menor. El Banco Central estima que existen alrededor de USD 170.000 millones que podrían incorporarse al circuito formal, una cifra similar a la que mencionó el FMI en su último Staff Report.

Si se toman los datos de activos externos y tenencias no declaradas relevados por el INDEC, algunos cálculos elevan el potencial por encima de los USD 250.000 millones.

En ese contexto, el Ministerio de Economía decidió revisar varios de los puntos que generaban dudas entre contadores, tributaristas y potenciales adherentes.

El ministro de Economía Luis Caputo junto a contadores.

Menos restricciones para ingresar

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los requisitos patrimoniales y de ingresos que limitaban el acceso al régimen simplificado.

Según explicó el tributarista César Litvin, la nueva versión amplía significativamente el universo de personas que podrán adherirse.

"Se ha eliminado ese requisito, con lo cual más cantidad de gente, independientemente de su patrimonio y nivel de ingresos, puede adherirse a este régimen simplificado, que es optativo", señaló.

La modificación apunta a resolver una de las principales barreras que encontraban quienes analizaban utilizar fondos no declarados dentro del nuevo esquema.

César Litvin, contador

El punto que más preocupaba a los contribuyentes

Otro de los aspectos que generaba resistencia era el mecanismo de "discrepancia significativa".

En la versión original, una diferencia detectada por ARCA podía poner en riesgo todos los beneficios obtenidos dentro del régimen. Para muchos especialistas, eso generaba una incertidumbre difícil de aceptar.

El nuevo borrador busca corregir ese problema. El umbral para considerar una discrepancia significativa se elevó hasta los $5 millones y, además, el contribuyente tendrá la posibilidad de defenderse en instancias administrativas ante eventuales diferencias con el organismo recaudador.

"Generalmente hay diferencia de criterio. Esto se solucionó levantando el umbral de topes para considerar las discrepancias significativas. Ahora el tope es de $5 millones", explicó Litvin.

Además, remarcó que una diferencia con el fisco ya no implicará automáticamente la pérdida de todos los beneficios del régimen.

Sebastián Domínguez coincidió en que el cambio aporta mayor previsibilidad. También destacó que, aun cuando exista una observación del organismo recaudador, el contribuyente podrá rectificar declaraciones o regularizar diferencias mediante planes de pago y conservar los beneficios.

El fisco deberá demostrar la inconsistencia

Otro de los puntos valorados por los especialistas es que el proyecto limita las herramientas que podrá utilizar ARCA para impugnar declaraciones.

Domínguez destacó que el borrador incorpora expresamente que el organismo no podrá utilizar determinadas presunciones, como las vinculadas a incrementos patrimoniales no justificados o depósitos bancarios.

Además, el texto deja establecido que la carga de la prueba recaerá sobre el fisco.

"Expresamente dice que es el fisco el que tiene la carga de la prueba para la discrepancia. No se invierte la carga de la prueba", señaló.

Qué gana quien decide adherirse

Más allá de las modificaciones técnicas, los especialistas destacan que el principal atractivo del régimen es la posibilidad de utilizar ahorros no declarados sin consecuencias fiscales inmediatas.

Según Litvin, quienes adhieran podrán disponer de dólares obtenidos mediante actividades lícitas para invertir en instrumentos financieros, realizar depósitos o destinarlos a operaciones inmobiliarias sin que ello implique costos fiscales derivados de su utilización.

A eso se suma uno de los aspectos más valorados por los tributaristas: el denominado "tapón fiscal".

Ese mecanismo impide que el fisco reclame impuestos sobre períodos anteriores vinculados a los fondos regularizados y ofrece una protección similar a la que tuvieron otros procesos de exteriorización de activos.

"Da el mismo blindaje que un blanqueo", resumió Litvin.

La advertencia para los monotributistas

No todos los contribuyentes enfrentan el mismo escenario.

Litvin advirtió que quienes actualmente tributan bajo el monotributo deberían analizar cuidadosamente las implicancias de adherirse al nuevo régimen.

"El monotributo es lo más barato en materia impositiva. Pagando la cuota, tiene contenido de seguridad social, obra social, IVA y Ganancias. Saliendo del monotributo, es un salto al vacío", sostuvo.

Por eso recomendó evaluar cada caso particular antes de tomar una decisión.

El antecedente que todavía genera dudas

Entre las consultas más frecuentes aparece la experiencia del blanqueo impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Muchos contribuyentes recuerdan que años después se creó el impuesto a la riqueza y se incrementó la carga de Bienes Personales, modificando el escenario tributario que existía al momento de exteriorizar activos.

Para Litvin, existe una diferencia importante. El blindaje sobre los períodos ya regularizados no puede modificarse retroactivamente. Lo que sí podría cambiar con futuros gobiernos es la carga tributaria sobre determinados bienes o inversiones.

La confianza sigue siendo la clave

Pese a las mejoras incorporadas, los especialistas coinciden en que el éxito del programa dependerá menos de la letra fina del proyecto que de las expectativas de los ahorristas.

"La utilización de los dólares del colchón no depende solamente de una ley", advirtió Domínguez.

La estabilidad política, la previsibilidad tributaria y la percepción sobre futuras modificaciones impositivas siguen siendo factores determinantes para quienes hoy mantienen sus ahorros fuera del sistema.

Por eso, aunque el Gobierno corrigió varios de los puntos más cuestionados, la verdadera prueba será comprobar si los cambios alcanzan para convencer a quienes todavía prefieren mantener sus dólares fuera del radar fiscal.

El borrador prevé que los contribuyentes tengan tiempo hasta el 31 de diciembre de 2027 para adherirse al régimen y utilizar los fondos que actualmente permanecen fuera del circuito formal.