Ley de Lobby: el Colegio Público de la Abogacia de CABA lanzó 3 alertas

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, presentó este miércoles por la tarde tres advertencias críticas frente al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación contra el proyecto de Ley de Lobby enviado por el Gobierno de Javier Milei. La exposición se desarrolló durante una reunión informativa de cuatro horas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General en el edificio anexo del Congreso.

La convocatoria legislativa sumó las opiniones técnicas de cámaras empresarias, colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil sobre el Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Los expositores manifestaron coincidencias generales respecto a la necesidad de legislar sobre las acciones de los lobbistas profesionales para transparentar las decisiones públicas. Sin embargo, los invitados rechazaron la redacción actual remitida por el Poder Ejecutivo al advertir que el articulado impone cargas administrativas excesivas y criminaliza la participación de los ciudadanos comunes ante las autoridades.

La presentación de la abogacía expuso la preocupación de un sector que representa a más de noventa mil profesionales matriculados en la Capital Federal. El avance de la iniciativa oficial generó un estado de alerta en el ámbito jurídico debido a la inclusión de figuras de prisión efectiva para faltas de carácter puramente administrativo. Las autoridades del Colegio de Abogados de Capital Federal exigieron correcciones estructurales profundas en el texto antes de cualquier intento de emitir un dictamen de comisión.

La advertencia por penas de prisión para particulares

La primera objeción del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal se concentró en el régimen penal contenido en el Título Octavo del proyecto oficial, específicamente entre los artículos 39 y 42. La conducción institucional denunció que el texto del Gobierno tipifica como delito con pena de prisión la mera falta de inscripción en el registro estatal de gestores. La normativa impone de seis meses a dos años de cárcel para la denominada gestión clandestina de intereses, castigando una omisión formal sin exigencia de fraude o corrupción.

La titular de la entidad civil describió ante los diputados nacionales la asimetría legal del castigo económico y penal: "El artículo 39 prevé para la denominada gestión clandestina de intereses la misma pena que el Código Penal establece para el delito de abuso de autoridad. Esta conducta podría simplemente consistir en mantener una conversación con un funcionario sin estar previamente inscrito en un registro, como por ejemplo en un pasillo de esta casa. El proyecto asigna al particular una pena más grave que para el funcionario que incumple su propia obligación de registrar el contacto".

El secreto profesional en peligro

La segunda alerta institucional apuntó al impacto directo del articulado sobre la labor diaria de los abogados y las abogadas independientes. El proyecto oficial obliga a identificar de manera trimestral a los clientes, los beneficiarios finales de los trámites y los motivos específicos de cada comunicación formal con las oficinas del Estado. El Colegio Público de la Abogacía de CABA denunció que la redacción deja desprotegido el derecho de defensa de los ciudadanos al no contemplar las salvaguardas profesionales.

La presidenta de la institución, Alejandra García, enfatizó la gravedad de la omisión de las garantías básicas en el texto legal: "La amplitud de sus definiciones permite que la adecuación profesional cotidiana de miles de abogados quede comprendida en la categoría de gestión de intereses. El secreto profesional de los abogados no aparece mencionado ni una sola vez en todo el proyecto".

El riesgo de exclusión de los actores sociales

La tercera advertencia expuso el peligro de que la ley funcione como una herramienta de aplicación selectiva y control estatal permanente sobre la sociedad civil. El texto faculta a la autoridad de aplicación administrativa a aplicar la sanción de exclusión definitiva del registro de gestores ante incumplimientos de escasa entidad. Dado que la norma prohíbe cualquier contacto con funcionarios a quienes no estén inscritos, una sanción de este tipo incomunica a la entidad civil.

Las organizaciones disidentes coincidieron en que el texto oficial equipara de forma incorrecta el lobby profesional corporativo con el ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades. El proyecto del Poder Ejecutivo establece las mismas obligaciones de reportes financieros y registros previos para:

• Compañías multinacionales, grandes agencias de comunicación y consultoras privadas de lobby profesional.
• Sindicatos, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, fundaciones comunitarias e iglesias.
• Entidades vecinales locales, centros de estudiantes y ONGs ambientales de recursos mínimos.

La posición de las cámaras empresarias en el Congreso

El plenario de las comisiones parlamentarias recibió también las críticas técnicas de los representantes del sector corporativo privado. El director de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina manifestó el respaldo de las firmas a las políticas de transparencia e integridad institucional. Sin embargo, la entidad mercantil solicitó la revisión de los conceptos referidos a las inversiones extranjeras y rechazó la inclusión de consecuencias penales en el texto.

El representante corporativo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, Alejandro Díaz, puntualizó: "Nos preocupa la incorporación de sanciones penales. Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas".

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, confirmó al cierre de la jornada que realizarán sucesivas reuniones informativas para buscar un dictamen con mayor consenso. El proyecto oficialista no obtuvo el respaldo directo de los bloques opositores dialoguistas debido a las severas objeciones planteadas por las entidades civiles. El tratamiento parlamentario de la iniciativa se extenderá durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados para evaluar las reformas solicitadas.  

TM