El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio por terminada este miércoles la etapa de conciliación con la administración central ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El quiebre definitivo ocurrió en los tribunales federales de Retiro tras el fracaso de la tercera audiencia destinada a resolver el reclamo bonaerense por fondos de jubilados. La Provincia anunció el pase directo a la vía judicial mediante la exigencia de una medida cautelar de carácter urgente.
La controversia legal específica que motivó la convocatoria de hoy corresponde a una deuda previsional de 2,3 billones de pesos por la suspensión de transferencias de la Administración Nacional de Seguridad Social al Instituto de Previsión Social. Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional volvieron a solicitar una prórroga con el argumento de que debían completar trabajos técnicos de auditoría. Sin embargo, el mandatario bonaerense amplió el reclamo al inventario global de deudas acumuladas, que trepa a los 22 billones de pesos.
Esa cifra global equivale exactamente a la mitad de todo el presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. El informe contable detallado por el Ministerio de Economía bonaerense determina que el dinero acumulado por obligaciones incumplidas y paralización de programas públicos se destinaría de forma directa a financiar obras de infraestructura vecinal, salarios del personal estatal y coberturas de salud pública en las localidades bonaerenses.
La contabilidad oficial del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires clasifica la deuda total de 22 billones de pesos en tres grandes áreas de afectación local. Cada bloque responde a fondos que se interrumpieron de forma total o parcial por las medidas macroeconómicas de la administración nacional.
❕ "ES UN PROBLEMA PARA PAGARLE A LOS JUBILADOS DE LA PROVINCIA"
— Infocielo (@infocielo) June 10, 2026
Nación no presentó ninguna oferta para pagar la deuda de ANSES y Kicillof le exige a la Corte que avance con la cautelar por los $2,3 billones 💸
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El inventario verificado de las partidas reclamadas ante la justicia se compone de la siguiente manera:
El bloque principal del reclamo de 22 billones de pesos corresponde a los saldos pendientes por obras públicas comprometidas contractualmente por la Nación, que alcanzan los 9,2 billones de pesos. El Ministerio de Infraestructura bonaerense determinó que este monto se distribuye en proyectos habitacionales y de infraestructura urbana que se encuentran totalmente paralizados en los distritos de la provincia.

El dinero se destinaría a la reactivación de planes de vivienda específicos del programa Procrear y del plan Casa Propia, además de proyectos viales locales. La falta de remisión de estos flujos obligó a las comunas a suspender las tareas de construcción en los barrios.
Axel Kicillof detalló el impacto financiero global a la salida del Palacio de Tribunales: “En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”.
El segundo componente de la deuda acumula 4,1 billones de pesos en concepto de deudas directas urgentes del Estado nacional con la administración provincial. Dentro de este apartado se incluye el reclamo previsional del Instituto de Previsión Social, la caja de jubilaciones que cubre a los docentes, policías, médicos y administrativos públicos de la provincia de Buenos Aires.

El conflicto se originó cuando el Gobierno nacional eliminó por decreto las transferencias mensuales destinadas a compensar el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. La Provincia exige que la Corte Suprema ordene restaurar el método de cálculo originalizado en leyes nacionales para asegurar la sustentabilidad del pago a los beneficiarios de la provincia.
El gobernador bonaerense cargó contra la estrategia fiscal de la Casa Rosada para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas: “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”.
El tercer bloque contable de las demandas presentadas ante el máximo tribunal del país abarca los 3,4 billones de pesos por retrasos e interrupciones en programas nacionales con afectación directa en el territorio bonaerense. Los recursos corresponden a partidas que solventan el funcionamiento de servicios cotidianos esenciales.
Los fondos de este reclamo sectorial se distribuyen en tres prioridades:
La comitiva bonaerense, integrada por el ministro de Economía, Pablo López, y el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, denunció que la asfixia presupuestaria incluye el freno a operaciones de financiamiento externo. El Ministerio de Economía de la Nación mantiene retenida la firma de los avales obligatorios para la ejecución de créditos internacionales de la provincia de Buenos Aires.
La falta de autorización administrativa mantiene bloqueado un crédito internacional ya aprobado por bancos externos de 270 millones de dólares. La administración provincial tenía planificado destinar la totalidad de estos dólares para la ejecución de obras de saneamiento ambiental en la cuenca del Río de la Plata.
La delegación gubernamental nacional estuvo encabezada en la audiencia por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los representantes del Poder Ejecutivo nacional ratificaron la postura técnica de no convalidar transferencias automáticas hasta concluir las auditorías integrales sobre los números de las cajas previsionales de la provincia de Buenos Aires.
TM